Un alcalde adquirió ocho pisos a un promotor favorecido por su plan urbano

En 2004, coincidiendo con modificaciones del plan urbanístico del municipio que preside, el alcalde de Barbadás, José Manuel Freire Couto, compró dos viviendas con sus respectivos garajes y trasteros en la localidad portuguesa de Matosinhos a Ramón López Casal, el socio de la constructora compostelana Mahía-Maexpa que está pendiente de sentencia en Valladolid tras haber sido juzgado por corrupción urbanística y soborno a políticos. En 2006, coincidiendo con la aprobación del planeamiento, el regidor y su mujer compraron otros seis pisos en Matosinhos a López Casal. Freire sostiene que pagó en metálico por esas viviendas más de 652.400 euros al constructor que después se beneficiaría en los desarrollos urbanísticos de Barbadás, pero el alcalde no puede precisar si tenía esa cantidad de dinero depositada en alguna entidad bancaria. El regidor considera “una coincidencia” que las adquisiciones inmobiliarias que hizo a López Casal se produjeran en los mismos años en los que el Ayuntamiento que preside con mayoría absoluta realizó modificaciones y aprobaciones del plan urbanístico del que se benefició el mencionado constructor.

El regidor de Barbadás, del núcleo duro del baltarismo, realizó ayer estas afirmaciones ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ourense que investiga la denuncia del PSOE de ese municipio que acusa a Freire y a su teniente de alcalde, Manuel García, de cohecho y prevaricación continuada en relación con el desarrollo urbanístico de Barbadás. Entre ambos acumulan bienes inmuebles en torno a cinco millones de euros en valor catastral y poseen el 30% de un área de reparto (AR10) del municipio que ellos mismos calificaron como urbanizable y en el que tienen parcelas López Casal, un exconcejal promotor de Freire y otros constructores.

El PSOE amplió ayer al gerente de Mahía y otros tres cargos de esta empresa así como al concejal de Urbanismo de Barbadás entre 1991 y 2011, Antonio Currás —los socialistas quieren que se investigue si recibió un piso en la capital ourensana a cambio de beneficiar al socio de Mahía— la denuncia interpuesta inicialmente contra alcalde y teniente de alcalde. La demanda incluye documentación sobre la supresión por el gobierno local de glorietas en las áreas de reparto que urbanizaba Mahía y sobre la construcción de garajes situados debajo de parques públicos y zonas verdes; una operación, sostiene el portavoz socialista Xosé Carlos Valcárcel, “prohibida por la normativa ya que la cesión de suelo de dominio público incluye el subsuelo”.

En su declaración ante la juez, Freire negó haber beneficiado a López Casal toda vez que, en su opinión, las modificaciones urbanísticas (que reconoció que le había solicitado la empresa Habitarama, filial de Mahía) “no aumentaron la edificabilidad” del área de reparto en el que todos ellos tienen parcelas y, en consecuencia, “no hubo enriquecimiento”, sentenció el regidor. Sin embargo, reconoció a preguntas del abogado del PSOE, que se habían suprimido dos de los tres viales previstos así como zona verde a cambio de un aumento de la zona residencial. Tanto Freire como su teniente de alcalde cargaron en la secretaria municipal, Silvia Alonso, toda la responsabilidad de haber votado en el pleno en el que se aprobaron modificaciones de la misma área de reparto en la que ambos tienen propiedades. “Le preguntamos a la secretaria si podíamos votar y nos dijo que no había ningún problema”, insistieron los dirigentes municipales ante la juez. Ambos destacaron que desconocían el beneficio que ello les podría reportar y le restaron importancia indicando que “en cualquier caso” se repartiría entre todos los propietarios.