La juez ve indicios delictivos en el enriquecimiento del alcalde de Barbadás

El abultado patrimonio inmobiliario acumulado por el alcalde del Ayuntamiento de Barbadás, José Manuel Freire Couto, desde 2003, coincidiendo con la aprobación del planeamiento urbanístico del municipio, uno de los de mayor boom inmobiliario de Galicia, está siendo investigado por la justicia. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense ha abierto diligencias para analizar el origen de los bienes del alcalde y ha reclamado que se oficie a la policía judicial para que informe de las fechas de compra, titulares anteriores y formas de pago de los inmuebles con los que se hizo Freire, del PP, n los últimos diez años. La investigación abarcará la relación de los grupos de gobierno de Barbadás con la inmobiliaria Mahía-Maexpa —cuyo administrador acaba de ser condenado por delitos de corrupción urbanística en Valladolid— y al teniente de alcalde del municipio, Manuel García.

Freire Couto, que defraudó a Hacienda 208.000 euros del IRPF de los últimos cuatro ejercicios que le investigó el fisco este año —salvó la situación pagando una multa—, se ha hecho con una fortuna superior al millón de euros en bienes inmuebles, la mayor parte de ellos incluidos en sociedades en las que figuran como titulares su mujer y su hija. El regidor, uno de los pilares sobre los que se asentó el baltarismo, se rodeó de una corte de concejales-promotores —él mismo, médico de profesión, se convirtió en agente inmobiliario— durante los sucesivos mandatos en los que desarrolló con mayorías absolutas consecutivas el planeamiento de A Valenzá —el núcleo urbano del municipio, colindante con la capital ourensana— que después modificó.

El grupo del PSOE de Barbadás lo llevó ante la justicia. Los socialistas lo acusan —a él y a su teniente de alcalde— de los delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Entre ambos acumulan bienes inmuebles en torno a cinco millones de euros en valor catastral y poseen el 30% de un área de reparto (AR10) del municipio que ellos mismos calificaron como urbanizable y en el que tienen parcelas el socio de Mahía Ramón López Casal, un exconcejal promotor de Freire y otros constructores.

“Todo esto es una patraña”, arguyó el regidor, negando cualquier lucro urbanístico, cuando la juez lo citó a declarar el pasado mes de octubre para que respondiera de su fortuna. Su abogado pidió el archivo de la causa. Lejos de ello, la titular del Juzgado de instrucción número 3 de Ourense ha visto indicios delictivos y ha abierto la investigación para valorar si lo imputa.

Tanto la juez como el Ministerio Fiscal han solicitado del Registro Mercantil copia de las inscripciones no solo de Freire y su familia directa, sino también de las que figuran a nombre del grupo Mahía-Maexpa, una de las constructoras vinculadas al alcalde a través de López Casal, con quien Freire comparte inmuebles en Portugal y uno de los principales promotores del boom urbanístico de A Valenzá. A López Casal acaba de condenarlo a tres años de cárcel y multa de 132.000 euros el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por un delito de cohecho en el caso de corrupción urbanística cometido en el municipio de Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. El alto tribunal castellano-leonés consideró probado que el empresario “compró” al alcalde de ese municipio cuando desarrollaba el planeamiento urbanístico del que Mahía se benefició. También condenó al regidor de Arroyo por cohecho y por prevaricación.

En su declaración ante la juez, el pasado octubre, Freire tildó de “coincidencia” que hubiera comprado ocho pisos al socio de la inmobiliaria Mahía (señaló que los pagó en metálico, ya que no pudo precisar ante la juez dónde tenía el dinero) en los mismos años concretos en los que, desde el gobierno municipal, introducía modificaciones en el planeamiento que beneficiaban, entre otros, a ese empresario. La vinculación de Freire con López Casal va más allá. Tras diseñar con su grupo el urbanismo de A Valenzá, Freire acabó como titular de algunos de los mejores bajos de los edificios que dejó edificar al administrador de Mahía. Uno de estos inmuebles se lo alquiló después a la misma inmobiliaria a la que se lo compró.

“Yo realmente no tengo nada en las áreas de repato, quien tiene algo, unos metros, es mi mujer, por mediación de una empresa”, se exculpó el regidor al término de su declaración judicial. Los socialistas acabaron ampliando a López Casal y a otros cargos de esa empresa, además de al exconcejal de Urbanismo de Barbadás Antonio Currás, la denuncia inicialmente interpuesta contra Freire y su teniente de alcalde. La juez ha decidido ahora investigarlos a todos.