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Expertos y municipios alertan de la urgencia de retirar el amianto

El material utilizado en la construcción es peligroso cuando se rompe pero también con el paso del tiempo

“El amianto está por todos lados. No podemos saber cuántos millones de toneladas hay. Antes pensábamos que solo era peligroso cuando se rompía, pero ahora sabemos que si se degrada por su antigüedad o la climatología, también es nocivo”, explica Lluís Mallart, técnico higienista especialista en amianto. La degradación ya ha empezado porque la vida útil del amianto es de entre 30 y 40 años y su mayor uso en la construcción se produjo entre los años 60 y 90. Algunos municipios se han puesto manos a la obra para conocer la magnitud del problema, especialmente los afectados por la fábrica Uralita.

“La situación es preocupante. Tenemos que detectar dónde está el amianto y en qué condiciones está”, añade Mallart. El amianto se utilizó masivamente —hasta que fue prohibido en 2002— para fabricar tejados, tuberías, pero también en paredes de aparcamientos, depósitos de agua... Los expertos insisten en la necesidad de tener un mapa de localización de esta sustancia tóxica —que puede provocar cáncer de pleura y pulmón o graves dolencias respiratorias— y su nivel de degradación.

Según Mallart, la vida útil del amianto puede variar según su ubicación (exterior o interior, montaña o mar) y de la erosión que sufra. “La situación es especialmente grave en una tubería, que durante años sufre la circulación de agua a alta presión. Obviamente, su vida útil será menor”, tercia Mallart.

En Cerdanyola del Vallès, la fábrica Uralita estuvo operativa 90 años. Lo que en un primer momento fue una fuente de riqueza se ha convertido en una costosa factura: durante décadas la fábrica vertió sin control restos contaminados con amianto e incluso este se mezclaba con arena para el pavimiento de las calles. Consecuencia: constantemente afloran restos de amianto en patios de escuelas o parques e incluso ha impedido realizar pasos subterráneos para salvar las vías del tren.

“Cerdanyola es la ciudad más castigada. Nos condiciona cualquier actuación porque cuando se hace una obra, la primera capa de tierra está contaminada por amianto”, admite el concejal de Urbanismo, Iván González.

Cerdanyola ha desplegado diferentes medidas para afrontar la problemática: ha realizado un estudio para localizar el amianto en los edificios municipales, en las inversiones se dedica una partida especial para retirar la sustancia y se han hecho catas en los patios de las escuelas. Pero se encuentran con dificultades cuando se pone el foco en las viviendas: “Que venga el Ayuntamiento a casa a decirte que lo retires no está bien visto porque es muy costoso”, tercia González. En Ripollet, que también sufrió la presencia de Uralita, iniciará en las próximas semanas un estudio de los edificios públicos.

El problema afecta también a Badia del Vallès. “El 100% de las viviendas tienen amianto. Y son edificios con más de 45 años”, admite la alcaldesa, Eva Menor. El Ayuntamiento y los vecinos colaboran para hacer un mapa de localización del amianto y de su estado. “Así sabremos dónde hay que actuar con más urgencia”, añade la edil. De momento ya han intervenido en escuelas y edificios públicos, pero faltan los particulares.

“Nos estamos rodeando de lugares con amianto que emiten fibras. Hay que desamiantar el país porque podemos tener una segunda epidemia si no se hace nada”, urge el neumólogo especialista en patologías relacionadas con el amianto, Josep Tarrés, que aclara que la primera epidemia afectó a los trabajadores —y sus familiares— de la fábrica Uralita. De hecho, Tarrés lleva contabilizados 1.131 afectados solo en el Vallès Occidental, de los cuales 353 han muerto por enfermedades relacionadas con esta sustancia.

Municipios y expertos reclaman que el problema sea considerado un asunto de salud pública. “En España se trata como un asunto laboral y la normativa está enfocada a garantizar la seguridad de los trabajadores de las empresas que lo retiran”, se queja Mallart. Este consultor apunta que otras barreras en la gestión de esta sustancia son la falta de expertos que sepan identificarla y determinar su estado de degradación, así como una normativa “muy pobre y laxa” en cuanto a su retirada.

A ello se añade la falta de concienciación social. “Muchos albañiles rompen el fibrocemento sin miramientos y nos encontramos restos hechos pedazos”, denuncia Marcos González, gerente de gestión de residuos de la fundación Engrunes, empresa autorizada para retirar amianto.

En Badia del Vallès calculan que necesitan un millón de euros, un reto casi insalvable para un Consistorio con 12 millones de presupuesto y con una escasa capacidad de inversión —100.000 euros—, por la nula actividad industrial del municipio, que es básicamente residencial.

Los municipios reclaman ayudas y corresponsabilidad a la Generalitat. “Hemos tenido la desgracia de ser la capital mundial del amianto y necesitamos que otras administraciones nos ayuden, como pasa cuando hay otras catástrofes”, reclama el concejal de Cerdanyola. “No podemos crear alarma, pero tampoco fingir que no pasa nada porque el peligro potencial existe”, añade la alcaldesa de Badia. Este diario no ha logrado la versión de ningún portavoz oficial de la Generalitat.

¿Qué hay que hacer cuando se encuentra amianto?

¿Qué hay que hacer cuando se encuentra amianto? Cuando se trata de un particular, hay que acudir al punto verde municipal y preguntar si aceptan este tipo de residuo.

La Generalitat no tiene una lista de dónde se puede depositar, pero en el área metropolitana lo aceptan los puntos de Cerdanyola y la Vall d’Hebron, que gestiona la fundación Engrunes. Allí donde lo acepten, se informa al usuario de cómo retirarlo y se facilita un mono, los guantes y la mascarilla, así como un saco. En algunos sitios es gratuito.

En el caso de un vertido en la calle o de unas obras, el Ayuntamiento o la constructora deben contratar una de las empresas autorizadas —hay más de 800—. Si la recogida es en un interior, se construye una burbuja de plástico para aislar el contaminante.

El principal obstáculo para una eliminación masiva es el coste. Retirar una placa de fibrocemento abandonada en la calle cuesta a un Ayuntamiento casi 500 euros. Si es una tubería dentro de una casa, 1.500 euros, según Engrunes. Los trabajadores, protegidos de pies a cabeza, depositan el amianto en sacos especiales y los llevan al vertedero de Castellolí (Anoia), el único autorizado para estos residuos. En los últimos seis años aquí se han depositado una media de 11.000 toneladas al año. Se calcula que a España llegaron 2,6 millones de toneladas de amianto.

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