Dos años de cárcel para una mujer por los ruidos que generaba su bar

Un juez de Barcelona ha condenado a dos años de cárcel y al pago de una indemnización de 10.000 euros a la propietaria de un local de ocio de la ciudad, que funcionaba como bar musical sin licencia y sin insonorización, por las molestias causadas a los vecinos.

En su sentencia, el juez condena a la mujer por un delito contra el medio ambiente y otro de lesiones, y le obliga a pagar 4.410 euros de multa, además de indemnizar a una vecina que sufrió un cuadro de ansiedad y depresión a causa de las molestias causadas por el establecimiento. La sentencia ha considerado que el local que regentaba la condenada sobrepasó en varias ocasiones los niveles máximos de 75 decibelios permitidos, y que llegó incluso a los 95.

Según sostiene el juez, en 2011, la procesada, L.B., solicitó al Ayuntamiento de Barcelona un permiso para realizar obras de acondicionamiento del local que tenía, con el objetivo de desarrollar la actividad de bar con restauración mixta menor y la obtuvo para 2012. Sin embargo, la acusada no solamente se adelantó y empezó las obras pertinentes el mismo año que pidió autorización sino que también instaló el mencionado bar musical sin licencia.

Tras recibir denuncias por parte de vecinos que veían alteradas sus horas de descanso por la noche, la Guardia Urbana realizó diversas actuaciones con las que comprobaron las irregularidades mencionadas y abrieron un expediente, ordenando el cese inmediato y provisional de la actividad del bar.

La acusada comunicó que procedía al cese del local de forma voluntaria pero, días después, se detectó que el bar estaba en funcionamiento a pesar de admitir la misma acusada la "situación de grave riesgo" que causaba a la salud de los vecinos. En consecuencia, los agentes precintaron el local, a lo que la mujer respondió rompiendo ese cierre, añade la sentencia.

Finalmente, en 2013 el Ayuntamiento volvió a ordenar el cese de la actividad del bar, esta vez de forma definitiva. El juez rebaja la pena a la acusada, para quien la Fiscalía pedía tres años de cárcel, al aplicarle la atenuante de dilaciones indebidas, por la demora que acumuló la causa, que se empezó a instruir el año 2016.