La acusación concluye que Castaño y Cavanna gestionaban los fondos públicos “como una familia”

Fiscalía y acusación particular en el caso por supuesta malversación en el seno de la Fundación Cela han ratificado este jueves su idea de que existía entre los acusados un "plan" orquestado previamente para "simular" el despido del entonces gerente, Tomás Cavanna, y que, para ello, los acusados gestionaron "como una familia" los "fondos públicos" utilizados para su indemnización de 150.000 euros. Según el fiscal Álvaro García Ortiz y Xosémaría Rodríguez, el letrado de la vecina denunciante Lola Ramos, Cavanna ideó su propia carta de despido porque quería irse de la fundación que llevaba 17 años gestionando, los últimos en un estado agónico tal que fue vital el rescate de la Xunta. La acusación sostiene que el patronato, que debía votar por unanimidad la operación, no fue informado de la cuantía en ningún momento.

El abogado de Lola Ramos y el fiscal han sostenido la tesis de que se produjo un delito de malversación de caudales públicos y de que hubo un pacto oculto cuando han expuesto las conclusiones finales del caso que a lo largo de esta semana se ha juzgado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago. Los acusados son el exdirector gerente, Tomás Cavanna; la entonces presidenta de la Fundación, Marina Castaño; la subdirectora de la entidad, Covadonga Rodríguez; y su padre, el exconselleiro popular y exmiembro del Consello de Contas Dositeo Rodríguez.

En su intervención, el fiscal que ha investigado las cuentas de la institución desde 2012, Álvaro García Ortiz, ha defendido que en este caso "se cumplen los requisitos" para declarar una malversación de fondos públicos: se produjo un "engaño" para pagar con dinero de la Xunta una indemnización al que entonces era gerente, cuando aún era privada la entidad pero ya había comenzado el proceso de absorción por la Administración gallega. Fue el propio Cavanna el que, al conocer que la fundación sería transformada en pública, quiso marcharse. Su tiempo al frente de la institución del único Nobel gallego había acabado por la "incompatibilidad" con el proyecto público (no estaba de acuerdo con el traslado de fondos al Gaiás) como por la imposibilidad por parte de la Xunta de asumir las cifras de su salario, bastante "más alto" que el de Feijóo.

Para ello, asegura García Ortiz, y en connivencia con los demás acusados, realizó una "simulación" de despido con una negociación que, alega, no era tal, ya que Cavanna puso sobre la mesa "desde el primer momento" a los otros la cantidad que finalmente le fue abonada. El "engaño" se llevó incluso hasta el patronato, que aprobó un despido objetivo en mayo de 2010 por 96.000 euros, a pesar de que los contactos exigiendo 150.000 ya habían comenzado antes.

El Ministerio Público considera a Tomás Cavanna el culpable de "diseñar" el plan, del que era "ideólogo y beneficiario", y cree que para perpetrar el plan se siguieron instrucciones de Marina Castaño, que indicó que no se iba a "negociar" lo que el gerente reclamaba. Castaño tenía claro que Cavanna, el hombre fichado por el propio Cela para confiarle la gestión de su fundación en 1993, era merecedor de una "ilimitada generosidad" y con estas palabras lo hizo constar la segunda esposa del escritor en un correo a Covadonga Rodríguez. "Actuaron como si fuera una familia, pero con fondos públicos", ha dicho el fiscal, que ha afeado que, ante la reclamación de Cavanna, no se hiciesen "números" ni se "planteasen otras alternativas".

Xosemaría Rodríguez, considera que los correos electrónicos incluidos en la causa, incautados durante un registro policial de la fundación en 2012, son una prueba "indubitada" de que Tomás Cavanna "quería dejar la Fundación". De tratarse de un despido improcedente, como han tratado de defender algunos testigos de los acusados, "si él tuviese voluntad de quedarse, se podría haber quedado". O se hubiera ido, pero con una indemnización de 45 días por año trabajado, que sería muy superior a los 150.000 euros. Los otros trabajadores despedidos con anterioridad por la institución lograron que sus despidos fueran anulados, pero lo consiguieron recurriendo a la vía judicial. El de Cavanna, para el letrado, reunía "todos los requisitos" para un despido objetivo, no improcedente. "Si era todo tan lícito", se ha preguntado, por qué no se informó del acuerdo [de los 150.000 euros] al patronato, "que votó un despido por causas objetivas".

Sin embargo, las defensas han tratado de convencer al tribunal de la Sección Sexta que la acusación se sostiene "con pinzas". "No ha habido ninguna ocultación", ha asegurado el abogado de Marina Castaño. Lo que se les imputa a los acusados son "opiniones subjetivas de carácter personal", ha dicho.

"Negamos tajantemente que haya habido una simulación", ha abundado Ramón Sabín, el letrado defensor de Tomás Cavanna: el gerente "se enteró de que iba a ser despedido" y quiso recibir una compensación adecuada por eso. "Si quisieran hacerle un favor, no serían 150.000 euros", ha argumentado también. Porque si seguía trabajando, con un salario de al menos 100.000 euros anuales, en su opinión ganaría más. Evaristo Nogueira, abogado de Dositeo Rodríguez, cuya hija afianzó su posición en la institución (que iba a transformarse en pública en 2012) con la marcha de Cavanna, ha recordado que la Administración gallega no está personada en la causa cuando de lo que se trata es de su dinero.

"La Xunta no ha reclamado en ningún momento los fondos", ha dicho también la defensa de Covadonga Rodríguez (hoy subdirectora de la institución pública en la que la presidencia la ocupa el conselleiro de Cultura). Aunque la Xunta no lo hace, la acusación pide que se devuelva a la Administración gallega el dinero público de aquella indemnización (por la que además no se tributó a Hacienda) de forma "conjunta y solidaria", entre Castaño, Cavanna y Dositeo y Covadonga Rodríguez.

El último en tomar la palabra en el juicio, que ha quedado visto para sentencia, ha sido Tomás Cavanna. Según él, todo el proceso se enmarca en una campaña de "ataque" a la figura de Camilo José Cela iniciada hace "21 años". La documentación inicial que dio pie a la investigación del fiscal, primero, y después de los juzgados de Padrón, donde se encuentra la sede de la fundación, fue entregada por la vecina Lola Ramos, declarada admiradora de Cela (pero sin ningún otro vínculo) que habita una casa en Iria Flavia, justo enfrente de la entidad creada por el Nobel.

Esa documentación destapaba un supuesto entramado empresarial para recuperar las sumas del IVA que Hacienda debía devolver a la fundación sin ánimo de lucro, pero esa parte de la causa acabó siendo archivada recientemente. Sin embargo, esas pesquisas dieron pie al registro de la UDEF (unidad de la policía nacional que persigue los delitos económicos y fiscales) que descubrió, en el volcado de los ordenadores, los correos que inculparon a los acusados. Este hallazgo se produjo en 2012, meses después de iniciadas las indagaciones judiciales tras la denuncia de la fiscalía de Santiago. Lola Ramos siempre ha dicho que "la mayoría" de la documentación que aportó le había ido llegando "de forma anónima", a través del buzón de su casa vecina de la sede de la fundación.