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Colectivos contra la trata declaran Lugo “Patrimonio de la Impunidad”

Más de un centenar de personas claman ante los juzgados para que el Poder Judicial dé marcha atrás en su decisión de apartar a la juez anticorrupción

Concentración en la Praza de Avilés.
Concentración en la Praza de Avilés.

Más de un centenar de personas se han reunido esta tarde frente a los juzgados de Lugo, en la Plaza de Avilés, para expresar su malestar con la decisión del Consejo General del Poder Judicial de apartar de su plaza y de sus casos a la juez Pilar de Lara, titular del juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad. Una gran pancarta que encabezaba la protesta declaraba "Lugo, Patrimonio de la Impunidad", jugando con el título de Patrimonio de la Humanidad que ostenta desde el año 2000 la Muralla romana de la ciudad. Por momentos bajo una lluvia helada, otros letreros decían "Gracias", "Contra la corrupción y en defensa de la justicia" o preguntaban por qué el CGPJ atribuye a la juez anticorrupción dilaciones indebidas si existe un caso antiguo en la ciudad, el crimen de O Ceao, que acumula 25 años estancado en los juzgados.

Bajo la explicación de que sus macrocausas contra la corrupción y el proxenetismo sufren "retrasos injustificados", el gobierno de los jueces ha decidido castigar a la magistrada con una sanción (todavía no firme) de siete meses y un día sin empleo y sueldo, lo que conlleva la pérdida de su plaza en Lugo y el apartamiento de sus sonadas operaciones. Esto era lo que pedía el propio promotor del expediente que se le abrió a la juez, Ricardo Conde, exdirector general de Relaciones con la Administración de Justicia en el Gobierno del PP y ahora instructor de las acciones disciplinarias en el Poder Judicial.

La protesta en Lugo contra esta decisión ha sido convocada por la plataforma ciudadana Contra a Impunidade do Caso Carioca y a lo largo de los últimos días han dado su respaldo a la iniciativa Esquerda Unida, la Plataforma Feminista de Lugo y varios colectivos animalistas, que recuerdan la sensibilidad de la juez en casos de maltrato animal. De hecho, esta tarde mientras tenía lugar la concentración a su favor, Pilar de Lara impartía una conferencia sobre la legislación española contra el maltrato en el auditorio de la Facultad de Veterinaria de Lugo.

La Plataforma Contra a Impunidade da Carioca reclama que esta causa, el mayor golpe judicial a las mafias de proxenetismo en España, no acabe sin castigo y considera "desproporcionada" la sanción impuesta a la juez. Tiene, dicen sus representantes, "la clara intencionalidad de alejarla de los juzgados de Lugo". Una de las integrantes de la Plataforma, Jennifer Santín, definió hace unos días de "ejemplar" la actividad de la magistrada "desde el punto de vista de la perspectiva de género". "Su investigación de la trama proxeneta supuso un antes y un después en la persecución de los delitos de trata con fines de explotación sexual", destacó, "un salto de gigante en la lucha por los derechos de las mujeres en situación irregular y de prostitución, las grandes olvidadas y silenciadas por el Estado". La plataforma reivindica que la juez trabajó "con recursos limitados y sin ceder ante las distintas presiones externas recibidas y amenazas contra su integridad personal".

Familiares de los fallecidos en el crimen del Cash Record de O Ceao, con un cartel de protesta, y una bandera de Asturias, donde De Lara también investiga la corrupción. ampliar foto
Familiares de los fallecidos en el crimen del Cash Record de O Ceao, con un cartel de protesta, y una bandera de Asturias, donde De Lara también investiga la corrupción.

La portavoz de la Plataforma Feminista de Lugo, Ana Torrón, calificó de “valiente” a la juez que "se dignó a defender a las personas que considera mucha gente que son de tercera categoría”. "Si la apartan a ver que juez se puede hacer cargo" de tramas tan complejas como la Carioca y la Pokémon, con gran cantidad de imputados entre proxenetas, agentes de los cuerpos de seguridad, políticos, funcionarios y empresarios. A la plataforma feminista lo que “más le preocupa" es el caso de "las mujeres que están absolutamente desprotegidas, que son muy vulnerables, que son mujeres en riesgo de exclusión social y vienen de otros países”.

Mientras los imputados por la juez, que se declaran sometidos a la "pena de banquillo" durante largos años de instrucción, aplauden la decisión del CGPJ, Esquerda Unida (con varios representantes en el acto) ha manifestado su rechazo a la sanción a De Lara, que considera fruto una justicia "patriarcal, machista y retrógada". Entre los numerosos imputados de la magistrada figuran gran cantidad de miembros del PP y también del PSOE, y los colectivos que apoyan la protesta recuerdan que son estos dos partidos los que mayoritariamente deciden qué jueces ocupan el Consejo.

El portavoz en Galicia de los colectivos animalistas Libera! y Fundación Franz Weber, Rubén Pérez, destacó esta semana "el compromiso" de la instructora "con la defensa del bienestar de los animales". Pérez recuerda que "fue la primera magistrada que emitió una orden de alejamiento" para proteger "a un animal que supuestamente estaba siendo maltratado" por sus propietarios. "En sus sucesivos autos" ha "demostrado que entiende" que "hay una normativa que se debe cumplir para proteger más y mejor a los animales".

Un castigo "muy grave"

Los promotores de la protesta han querido dejar claro que no tienen relación con Pilar de Lara y que no se han puesto en contacto con ella. Una de las portavoces de la Plataforma contra a Impunidade da Carioca, deduce, sobre la sanción, que “es una deriva de todo un proceso que para nosotros fue de acoso contra la instrucción de la Carioca”. Dos días antes de que el Consejo anunciase a los medios de comunicación (pero aún no al abogado de la juez) su decisión de apartarla, De Lara dictó un auto en el que atribuye más de 70 delitos (incluida la agresión sexual) a un guardia civil investigado en la trama de proxenetismo. La juez también advertía a la Dirección General de la Guardia Civil que es responsable subsidiaria de las acciones del agente porque supuestamente sus superiores sabían lo que estaba haciendo.

“Para nosotros es muy grave que aparten a la juez", ha dicho esta integrante de la plataforma. "Dicen que es por dilaciones en los procesos, pero nosotros creemos que este cambio dilatará mucho más los tiempos del proceso que queda por delante”, ha presagiado. En el colectivo temen que esto suponga en la práctica el archivo porque los delitos acabarán prescribiendo.

El grupo anuncia nuevas movilizaciones contra ese "riesgo de impunidad" que aventuran. “Llevamos ya varias movilizaciones en relación a la operación Carioca, por la inacción de la fiscalía, y nuestra idea es seguir movilizándonos hasta que no veamos que se hace justicia”. “Para nosotros hay una relación clara, una desigualdad de poder entre unas víctimas que son mujeres, extranjeras, prostituidas y grupos de poder que cometieron diferentes delitos y abusos".

La juez apura las causas antes de que se las quiten de las manos

P. S.

Pilar de Lara apura las instrucciones que lleva, de macrocausas como la Carioca (sobre redes de prostitución cuya pieza principal ya cerró antes de conocer la sanción del Consejo), la Pokémon(sobre corrupción política), la Cóndor (en torno al dueño de la empresa de transporte Monbus), la Garañón (sobre urbanismo), o la Pulpo (relacionada con la Diputación de Lugo).

El abogado de la juez en la acción disciplinaria abierta por el consejo, Agustín Azparren, ha explicado que “ella está realizando un esfuerzo incluso superior al que habitualmente desarrolla para tratar, si fuera firme la sanción, de acabar todo lo que pueda los procedimientos en marcha” y facilitar las cosas al siguiente juez que entre sin conocer casos tan complejos.

El abogado dice que no cree que haya habido “presiones”, ni que se anticipara la resolución del castigo, de siete meses y un día de empleo y sueldo y perdida de destino, para apartarla de estas macrocausas. No obstante, le llama poderosamente la atención que aún no se le haya notificado la decisión de apartarla que hace una semana se difundió desde el Consejo a la prensa.

“La finalidad no debe de ser esa", dice Azparren por las supuestas presiones para su retirada de la instrucción de causas con tantos poderosos imputados. "Hay que confiar en que los órganos disciplinarios del CGPJ no buscan otra finalidad distinta" que la de sancionar unas dilaciones. Aunque la sanción aún no ha sido “oficialmente” notificada, el letrado supone que los “motivos” por los que se pretende penalizar a la magistrada “serán los mismos que hubo hasta ahora”, que iban en la línea de los retrasos que acumulan estas operaciones tan voluminosas en un pequeño juzgado de provincias sin suficientes medios.

Sea como fuere, Agustín Azparren interpreta que “no hay falta de desatención”. “La conducta que todo el mundo conoce y que la propia inspección del CGPJ ha valorado de Pilar de Lara, desde hace años, es totalmente contraria al concepto de desatención, desidia o dejadez”, subraya.

Desde que se reciba la comunicación de la sanción, dispondrán de un mes para presentar recurso ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y la respuesta podría sustanciarse en el plazo de “entre un mes y tres meses”.

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