Torra desafía a la oposición a forzar una moción de censura

El Govern de Quim Torra ha instado este sábado a la oposición a presentar una moción de censura ante la posibilidad de que mañana prospere en el Parlament una propuesta para reprobar su gestión. El texto, impulsado por el PSC, exige al president que presente una moción de confianza o bien convoque elecciones. La votación no es vinculante y para ser aprobada necesita el apoyo de la CUP. Pere Aragonès, vicepresidente del Govern, ha recordado que la oposición no cuenta con una mayoría alternativa.

Después de varios meses de criticar con dureza la gestión del Govern, la oposición intentará este jueves dar un paso más para denunciar de forma contundente la parálisis en la que, a su juicio, se encuentra el ejecutivo. Aragonès y la portavoz, Meritxell Budó, han restado importancia al alcance que puede tener esta moción. “Es cierto que parlamentariamente quizá se puede hacer una mayoría para criticar, pero no se puede hacer para dar una alternativa constructiva”, ha dicho el también consejero de Economía. “Las cuestiones de confianza las presenta el presidente, lo que puede presentar la oposición es una moción de censura. Y no hay una mayoría alternativa para gobernar”, ha añadido.

El Govern ha enmarcado el debate en el clima electoral y ha recordado que la oposición nunca ha tenido fuerza para presentar una moción de censura y ni tan siquiera Ciudadanos, el primer partido de la Cámara. “Si no hay esta mayoría alternativa, lo que le toca a la oposición es asumir su responsabilidad y ayudar al Govern”, ha afirmado Aragonès. Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya, ha compartido la misma tesis y ha anunciado que han presentado enmiendas al texto reprochando al PSC no respetar los resultados electorales ni los mecanismos parlamentarios establecidos para forzar un cambio de Gobierno.

El Parlament cuenta con 135 escaños pero actualmente, a causa del procés, solo emiten su voto 130. La mayoría de Junts per Catalunya y ERC ha pasado de 66 a 61 diputados. La oposición cuenta en total con 69. Por tanto, la votación está en manos de la CUP. Si vota en contra, salva a Torra, pero la moción prosperará si vota a favor o si se abstiene. Los anticapitalistas no han decidido todavía su voto. Maria Sirvent, diputada de la CUP, ha convenido que la legislatura está agotada pero ha advertido que la moción está inscrita en un “oportunismo político” por el ciclo electoral. Quienes sí votarán a favor son los comunes —“tienen que ser valientes; el Gobierno está paralizado”, ha dicho la diputada Susanna Segovia— y Ciudadanos no lo ha aclarado. Lorena Roldán, siempre muy crítica con Torra, ha argumentado que deben estudiar las enmiendas de los independentistas.

Ante la amenaza de esta moción, el Govern ha negado la “inoperancia” de la que se le acusa y ha defendido que está gobernando pese a tener los presupuestos prorrogados. Precisamente, Aragonès ha informado de la aprobación de un decreto con el que amplía los recursos económicos de la Generalitat. Después de ser incapaz de sacar adelante los Presupuestos para este año, a causa de su precaria mayoría parlamentaria, el Govern busca la manera de ampliar sus recursos. Según sus cuentas, le faltan 450 millones de euros. Desde los últimos Presupuestos aprobados, en 2017, el gasto de la Administración autonómica ha crecido, sobre todo por los nuevos compromisos salariales con los trabajadores públicos, lo que está en el origen de los problemas que tiene ahora el Govern.

El Departamento de Economía y Hacienda calcula que si se tienen en cuenta las disposiciones de recursos de 2017 para desembolsar y las de gasto para este año existe un desfase negativo de unos 1.265 millones de euros. El Ejecutivo ha aprobado este martes un suplemento de crédito (una modificación de las partidas de gasto del Presupuesto vigente a través de un decreto ley) de 813,9 millones, que argumenta que cubrirá con recursos procedentes de la liquidación del sistema de financiación autonómica. Pero todavía le faltan 450 millones. Una parte, que Aragonès no ha querido concretar, llegará de la mano del fondo de contingencia, activado con 330 millones de euros. Pero lo que no se pueda conseguir por esa parte tendrá que conseguirse mediante ajustes de gasto en el conjunto de las consejerías, con la única excepción de las vinculadas a servicios sociales.

El Tribunal Constitucional ha dado este martes, por otra parte, un doble varapalo al Parlament, informa J. J. Gálvez. El Tribunal ha difundido dos sentencias donde declara que la Mesa y el Pleno vulneraron los derechos de los diputados al tramitar la Ley del Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, aprobadas en septiembre de 2017 y declaradas inconstitucionales.