La dejadez de la Generalitat sobre la exigencia de idiomas confunde a los universitarios

El inglés continúa siendo una asignatura pendiente en las universidades catalanas. La Generalitat aprobó en 2013 una ley por la que condicionaba la obtención del título universitario a tener un nivel intermedio (B2) de una lengua extranjera. Sin embargo, las protestas por la falta de recursos y ayudas para reforzar estas competencias, obligaron a retrasar la obligación de este requisito. De hecho, el Parlament aprobó en 2018 una moratoria de otros cuatro años. Por lo pronto, las medidas de apoyo a los alumnos no llegan y los planes de estudio aún no se han cambiado.

Un informe del British Council, un organismo público del Reino Unido que promueve el aprendizaje de la lengua inglesa, afirma que la mitad de los estudiantes catalanes de 15 años son capaces de tener una conversación simple en inglés. El dato se fundamenta en las pruebas realizadas a más de 1.400 alumnos de medio centenar de escuelas. Cuando la exigencia lingüística traspasa los confines de una charla, los problemas crecen. “Aún hay un porcentaje importante de estudiantes con un conocimiento insuficiente de la lengua extranjera”, consta en un texto redactado por el Parlament cuando aprobó el año pasado una moratoria de cuatro años.

La prórroga de la norma, solicitada por el Consejo Interuniversitario de Cataluña, obliga a los estudiantes matriculados a partir del curso actual a acreditar el nivel B2 en inglés, francés, italiano o alemán.

La medida ha pasado cuatro años en el congelador, tras los cuales la Generalitat ha actuado poniendo en marcha una página web, aprencidiomes.cat, que da consejos sobre dónde y cómo obtener títulos de lenguas extranjeras. La secretaría de Universidades de la Generalitat alega que la moratoria “concede tiempo para trabajar en la redefinición de los objetivos”. E insiste: “El B2 tendría que ser un requisito normal cuando se llega a la universidad. Se trata de un objetivo de país y tenemos que encontrar mecanismos para trabajarlo, conjuntamente con el Departamento de Educación”.

La moratoria, sin embargo, no ha aplacado las críticas de la comunidad universitaria, que sigue reprochando al Govern falta de recursos en los planes de estudios para que los alumnos mejoren su nivel de lenguas. “La Generalitat no tiene competencias para reformar un plan de estudios; intentar poner un requisito administrativo para expedir un título no cuadra con ninguna normativa”, advirtió en 2013 Ferran Sancho, entonces rector de la Autónoma. Nada ha cambiado desde entonces.

Cada universidad tiene autonomía para diseñar sus planes de estudios. De hecho, es cada una de las distintas facultades que integran una universidad la que desarrolla qué materias y requisitos deben aprobar los alumnos que allí se matriculan, con lo cual el protocolo no es ágil ni automático. Desde las universidades se apunta que la moratoria lo que ha hecho es “posponer el problema”.

Además, la prórroga añade confusión a cómo debe regularse la imposición idiomática en el sistema universitario público y deja a criterio de cada universidad establecer qué nivel pide, con lo que los requisitos para los estudiantes de una misma carrera pueden ser distintos en función de la universidad. Esto es una puerta abierta para que las universidades usen su baremo de lengua extranjera para presentarse como más atractivas que la competencia.

Laxitud

Por ejemplo, la Universidad Politécnica acepta un trabajo de fin de grado en lengua extranjera para validar el conocimiento idiomático, mientras que la Pompeu Fabra obliga a cursar un número de créditos de una tercera lengua, que no sea ni catalán ni castellano. Ni la Universidad de Barcelona ni la Autónoma plantean exigencia alguna, una laxitud a la que se ha sumado la Rovira i Virgili (URV), que acaba de eliminar el requisito idiomático exigido a sus estudiantes para graduarse.

La justificación que da la URV es que sus alumnos sufrían una situación de desigualdad con respecto a compañeros de otras universidades catalanas. Según la institución, 721 estudiantes que habían superado todos los créditos exigidos para graduarse estaban sin título por no tener la competencia de lengua extranjera. La vicerectora Maria Bonet apunta que el levantamiento del requisito idiomático generó “un debate de calado” en el consejo de gobierno de la URV, pero se llegó a la conclusión de que “si no está contemplado a nivel curricular, no se puede exigir para entregar la titulación universitaria”.

Opina de manera similar Joan Melcion, director del Servicio de Lenguas de la Autónoma. “Si un estudiante ha superado 240 créditos de un grado, ¿no le vas a dar el título? ¿Y eso dónde lo pone?”, se pregunta. Dice que la pauta para obtener un título la estipula el plan de estudios de cada carrera: “Si ahí no se fija una exigencia idiomática, ¿cómo se va a poder denegar la expedición de un título a alguien que ha completado con éxito el plan de estudios?”.