La Fiscalía acusa a Torra de desoír de forma “deliberada” a la Junta Electoral

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La Fiscalía Superior de Cataluña ha formalizado este miércoles la querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia. El fiscal Francisco Bañeres ve indicios de delito por la decisión de Torra de no retirar los símbolos independentistas de edificios públicos pese a los reiterados requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC). La querella subraya que el president desatendió "consciente y deliberadamente" al máximo órgano de control de procesos electorales y le acusa de pretender "enmascarar" esa decisión. Torra ha replicado a la decisión de la Fiscalía con la presentación a su vez de una querella contra todos los miembros de la JEC por un presunto delito de prevaricación. "La represión no para. El Estado es incapaz de tolerar la discrepancia política", ha afirmado el president.

Al tratarse del presidente de la Generalitat, corresponde a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la instrucción del caso. La Fiscalía pide al TSJC que tome declaración como investigado a Torra y que el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) remita sus "actas de comprobación" sobre los acuerdos de la Junta Electoral. Bañeres solicita también al Departamento de Presidencia que aporte el informe de sus servicios jurídicos "relativo al mantenimiento de simbología en sedes de la Administración autonómica en periodo electoral". El jefe de los Mossos d'Esquadra deberá explicar asimismo el "cumplimiento" de las resoluciones del organismo.

El origen de la polémica se remonta al 11 de marzo, cuando la JEC dictó un primer requerimiento en el que ordenaba a Torra retirar, en un plazo de 48 horas, las "banderas esteladas" y los "lazos amarillos" de los edificios públicos ante las próximas elecciones generales del 28-A. Argumentaba el organismo que se trata de “símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones”.

Aunque el acuerdo era firme, Torra presentó un escrito para pedir la "reconsideración". Y permitió que lazos y banderas siguieran luciendo en el Palau de la Generalitat y en los departamentos del Govern. Esa decisión llevó a Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, a presentar una primera denuncia ante la Fiscalía. El 18 de marzo, la Junta Electoral dictó una segunda orden en la que reiteró la petición y daba a Torra, esta vez, solo 24 horas para cumplirla. "El derecho fundamental a la libertad de expresión de los empleados públicos", advertía el organismo, "no incluye la utilización de edificios y lugares públicos de forma partidista”. Ya entonces le apercibió de responsabilidades administrativas y penales.

La estrategia "encubierta" de Torra

Pero Torra se mantuvo en sus trece. Desatendió de forma "consciente y deliberada" el mandato y optó por mantener los símbolos independentistas “en numerosas dependencias y establecimientos públicos” de la Generalitat. La querella del fiscal destapa las maniobras del president para aparentar que daba cumplimiento a la orden. De manera "encubierta" o "simbólica", permitió que se exhibieran “carteles, imágenes, figuras, fotografías y simbología en general de la misma naturaleza ideológica y partidista”. Bañeres recuerda que todos esos elementos representan "únicamente los postulados de una parte de la sociedad”.

La querella reprocha a Torra que desobedeció un mandato "claro y expreso" y que su conducta es de "especial gravedad" porque “incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía”. La Fiscalía cree que la actitud de Torra "no puede quedar enmascarada" por su decisión de esperar el dictamen del síndic de greuges (el defensor del pueblo catalán) sobre la retirada de símbolos. Tampoco por la "sustitución" de unos símbolos por otros que "pretendían significar exactamente lo mismo".

El último episodio del conflicto llegó el 21 de marzo, cuando la Junta Electoral Central emitió una nota en la que constataba el "flagrante incumplimiento" por parte de Torra. El organismo dio instrucciones a los Mossos d'Esquadra para retirarlos (les ponía como fecha límite las 15.00 del 22 de marzo) y dedujo testimonio a la Fiscalía. Antes de que actuara la policía autonómica, Torra decidió retirar los lazos. Para la Fiscalía, llegaba tarde: el mismo día 22, la Fiscalía General del Estado anunció la presentación de una querella que este miércoles se ha formalizado.

La Fiscalía considera que hay indicios de que Torra pudo cometer un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal. Ese delito castiga a las "autoridades o funcionarios públicos" que se nieguen "abiertamente" a dar "el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia". Además de una multa, la desobediencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un tiempo que va de los seis meses a los dos años.

Frente a esta tesis, la tesis de la querella de Torra se ampara en la doctrina del tribunal de Supremo y del Constitucional de que no se puede cometer delito de desobediencia mientras no se haya resuelto, alegan, la solicitud de medidas cautelares. Paralelamente, la querella apunta que la JEC fue modificando las medidas que ordenó en función de las alegaciones del Govern y ahí entienden que se pudo cometer la supuesta prevaricación además de señalar que eran imposibles de cumplir por ser "ilegales".