La fiscalía acusa a dos alcaldes pero exonera a otros diez por el apoyo al 1-O

La Fiscalía se ha querellado contra los alcaldes de Collbató y Molins de Rey (Barcelona) por ceder locales municipales para la celebración del referéndum del 1-O. Esos alcaldes afrontarán ahora un proceso por delito de desobediencia, lo que puede conducir a su inhabilitación. La mayoría de sus colegas de provincia, sin embargo, han esquivado la vía penal. En paralelo al anuncio de las dos querellas, la Fiscalía de Barcelona ha informado de que ha archivado las actuaciones que mantenía abiertas contra otros 10 alcaldes.

Tras la aprobación de la ley del referéndum el 6 de septiembre de 2017, la Generalitat pidió a los alcaldes catalanes apoyo para celebrar la consulta. Un total de 712 ediles se pusieron a disposición del Gobierno de Carles Puigdemont. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza (ya fallecido) ordenó abrir investigación contra todos ellos. La sucesión de acontecimientos posterior (el 20-S, la consulta, la declaración unilateral de independencia, el encarcelamiento de los líderes independentistas) dejó el asunto de los alcaldes en un segundo plano.

La Fiscalía abrió diligencias, pero solo contra una cuarentena de alcaldes, para investigar si cedieron locales públicos para el referéndum. En la mayoría de los casos, han dado carpetazo a sus investigaciones al constatar que no lo hicieron. Así ha ocurrido ahora en el caso de los diez alcaldes exonerados. El argumento se repite en todos los casos: más allá de las "presunciones y fundadas sospechas", de la investigación "no ha podido constatarse" que esos ediles dictaran resoluciones para ayudar a organizar el referéndum con la cesión, por ejemplo, de locales públicos.

Las excepciones son Collbató y Molins. El alcalde de Collbató (población de unos 4.500 habitantes) firmó un decreto y un escrito en los que manifestaba la puesta a disposición de la Generalitat de locales municipales. Llegado el 1-O, el alcalde "desatendió deliberada y conscientemente" los requerimientos para dejar de dar apoyo a la consulta. En lugar de eso, permitió la apertura de la Escola Graduada Mixta La Salut, de titularidad pública, que fue utilizado como centro de votación.