Aguado plantea una reforma legal para proteger a los denunciantes de corrupción

Ignacio Aguado, líder de Ciudadanos en Madrid, promoverá una reforma legal que proteja a los funcionarios que denuncien la corrupción si llega a la presidencia de la Comunidad tras las elecciones del 26 de mayo, según avanzan a EL PAÍS fuentes de su candidatura. Castilla y León, Aragón, Islas Baleares, Navarra, Asturias, Cataluña o la Comunidad Valenciana ya cuentan con normas de ese corte. No es ese el caso de Madrid, epicentro de las tramas Gürtel, Púnica o Lezo: el PP y el PSOE frustraron un primer intento de Ciudadanos en la Asamblea durante la legislatura que ahora acaba, ya que los socialistas entendieron que la normativa era insuficiente y no preveía los medios necesarios para luchar contra esta lacra.

Aunque Aguado aún estudia si la reforma sería impulsada a través de una ley o de un decreto, ya tiene claro su contenido.

Así, el candidato regional de la formación de Albert Rivera garantizaría al funcionario denunciante la salvaguarda de su identidad, asesoría legal gratuita, asistencia psicológica para él y su familia, y la protección de su puesto de trabajo —incluida una excedencia, si fuera necesaria, hasta la resolución del caso—.

Ley estatal

Al tiempo, la propuesta de Ciudadanos prevé la creación de la figura del defensor del Denunciante de corrupción, un servidor público independiente con experiencia demostrada en el sector del derecho penal que sería nombrado por la Asamblea de Madrid por mayoría cualificada. Entre sus competencias, explican fuentes del equipo de Aguado, estaría la de poder acceder a todas las sedes y a toda la documentación de la Administración regional, cesando su investigación y cediendo sus conclusiones al juez competente en el caso de que se abriera un procedimiento judicial.

En 2015, la irrupción de Podemos y Ciudadanos en la política nacional puso en el corazón de la agenda política la necesidad de proteger a los denunciantes de corrupción. Cuatro años después, el balance es desigual. Aunque se han dado pasos normativos en las Cámaras regionales, el Congreso no ha aprobado una ley estatal. De hecho, tras tres años de una farragosa tramitación, el texto decayó el 5 de marzo con la disolución de Las Cortes.

Sin una norma nacional que ampare a los denunciantes, hay algo seguro: la protección de los denunciantes volverá a la Cámara regional la próxima legislatura.