La república y el impuesto de sucesiones

El independentismo hegemónico ha convertido los Presupuestos de la Generalitat en algo tan etéreo como la república. Las cuentas para 2019, de momento, no existen. Las partidas e inversiones vagan por el espacio exterior gracias a la taumaturgia nacional que lidera desde el interior el Gobierno de Quim Torra. Ese intangible estado de la cuestión será puesto en escena, en la medida de lo posible, por el presidente de la Generalitat los próximos días en el Parlament.

Las huelgas que a finales del año pasado protagonizaron la sanidad, la enseñanza, los Mossos o los bomberos no han servido de acicate para que el Govern trate de sacar adelante las nuevas cuentas con el concurso de socialistas o comunes. Algunos de los estrategas del independentismo de nuevo cuño creen, en la mejor tradición dogmático-grupuscular, que nada se solucionará hasta vencer en la lucha final. El portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, aseguraba en plenas movilizaciones de noviembre: “Nos estamos peleando por las migajas. Tenemos que ir a la solución real del problema. Y la solución real del problema ante un Estado que no hace nada a favor de Cataluña es plantear que necesitamos votar nuestro futuro”.

Las huelgas de finales del año pasado no han servido de acicate para que el Govern trate de aprobar las cuentas

Mientras llega la victoria final, hacer política es caza menor. Solo así se explica el rechazo a los Presupuestos presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez y la incapacidad para tejer alianzas y elaborar cuentas propias para 2019 por parte de la mayoría independentista. Con el portazo al Ejecutivo central quedaron en el aire 2.400 millones de euros. Los independentistas aseguran que esas cifras forman parte del cuento de la lechera, que esas partidas, como tantas otras promesas, no iban a llegar nunca y dudaban de que el propio Sánchez quisiera aprobar los presupuestos en su compañía. Para hacerle un favor a Sánchez, votaron en contra. Ahora dependen de un baremo tan objetivo como la “buena voluntad” del Ejecutivo central para recibir mediante decretos ley nada menos que 1.150 millones.

La tradición indica que hay que desconfiar del enemigo y creer en uno mismo por mucho que ello exija tener la fe de carbonero. Puigdemont declaró la independencia unilateral y Torra se conjuró para aprovechar la primera ventana de oportunidad para “implementarla”. Y a la espera del milagro, ¿cómo se dibuja el futuro hacia la república? Pues el Govern, que negó su apoyo a los Presupuestos generales del Estado, confía en regresar a los mercados financieros. Poco importan los nubarrones que se ciernen sobre el horizonte de 2020 o que el rating de la deuda catalana merezca la consideración de bono basura. Hay que cumplir el objetivo de déficit, cerrar los ojos y pedir con fuerza un deseo. La vuelta a los mercados internacionales es una fascinación recurrente del Ejecutivo catalán, que ya los intentó atraer con su política de vanguardistas recortes sociales, un total de 4.174 millones de euros desde 2011.

JxC y ERC no tuvieron empacho en unir sus votos a los de PP y Cs para frenar un incremento en la presión fiscal

Mientras ensaya esa batería de brillantes iniciativas, el Govern se niega a subir la presión fiscal sobre el IRPF. No se trata de ninguna medida soviética que atente contra la esencia misma de Cataluña ni contra su queridísima clase media. Los comunes proponen incrementar hasta un 25,5% en el tramo autonómico los ingresos a partir de los 120.000 euros anuales, como sucede en Andalucía, Asturias o Cantabria, en un país donde el salario mínimo está en los 900 euros mensuales. A esa negativa, la Generalitat suma la de mantener la generosidad fiscal con el impuesto de sucesiones, que promete ser como uno de los pilares de la nueva república. Lo que la revolución francesa consagró, lo entierra la revolució dels somriures con bonificaciones. Como anticipo, el pasado mes de enero, Junts per Catalunya y Esquerra no tuvieron empacho en unir sus votos a los de PP y Ciudadanos para tumbar una propuesta de resolución para incrementar la presión fiscal presentada en el Parlament por Catalunya en Comú y apoyada por el PSC y la CUP.

Cataluña camina con paso firme hacia no se sabe dónde. El Gobierno catalán está ausente de la cotidianeidad. Secunda huelgas generales contra la precariedad laboral, habiendo votado parcialmente a favor de la reforma laboral del PP. Es un Ejecutivo que alienta y reprime a manifestantes y piquetes, después de haber convocado a la movilización en la jornada de lucha contra el juicio a los líderes independentistas. Hay que tener fe. Son cosas del procés.