¿Y en lugar de la cárcel de Carabanchel? La nada
Las asociaciones vecinales piden que se desbloquee el proyecto para crear equipamientos para el barrio en el solar que ocupó la prisión
Eran las nueve de la noche del sábado 25 de octubre de 2008 cuando una excavadora con un brazo de 20 metros de largo empezó a derribar el principal símbolo de la cárcel de Carabanchel. La cúpula del mítico penal se venía abajo ante el enfado y la perplejidad de decenas y decenas de personas que se opusieron al derribo. Han pasado más de 10 años desde aquella imagen que abrió los informativos de aquel fin de semana y lo único que queda es un inmenso solar de 172.144 metros cuadrados convertido en un erial vallado. Los vecinos han pedido que se desarrolle el plan parcial para que el barrio disponga de un hospital público y equipamientos municipales.
La historia de la cárcel se remonta al final de la Guerra Civil, cuando la dictadura del general Francisco Franco encargó un nuevo penal para Madrid. El 16 de enero de 1940 se adquirieron los terrenos en el pueblo de Carabanchel a José Messía y Stuart, duque de Tamames y de Galisteo, a razón de 5,25 pesetas el metro cuadrado. En total, el Estado desembolsó 700.000 pesetas (4.200 euros). En su construcción participaron 1.000 presos políticos que terminaron la primera galería cuatro años después. Fue inaugurada el 22 de junio de 1944 por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Aunós. Sustituyó al penal de la calle de General Díaz Porlier, en el distrito de Salamanca.
Las obras duraron varios lustros y, pese a ello, una de las galerías jamás llegó a terminarse. Al final se construyeron cuatro de las siete galerías previstas (la tercera, la quinta, la sexta y la séptima), además de la enfermería y la galería cultural, donde estaba el salón de actos. La prisión cerró en 1999, cuando salieron de ella los últimos 2.000 hombres y 500 mujeres que cumplían condena allí. Ellas fueron las últimas en dejarla.
En los siguientes nueve años el edificio sufrió un gran deterioro. Fue lugar apreciado por los okupas, se utilizó para rodar películas y fue pasto de los ladrones, que la desvalijaron de todos los objetos de cierto valor. Los colectivos vecinales de Carabanchel pidieron que se mantuviera el edificio para construir un centro de memoria histórica, en el que se estudiara todo lo que supuso la dictadura de Franco. Así lo defiende el vocal de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, Pedro Casas. “Las prisas para derribarlo fueron injustificadas. Era un lugar emblemático al que eran enviados los presos y presas políticos y sociales en Madrid”, afirma este representante vecinal.
Fachada principal
De aquel enorme inmueble solo queda de manera testimonial parte de la entrada principal. Un portalón con columnas blancas a ambos lados. Parte del solar fue desafectado en tiempos en que Mariano Rajoy era ministro del Interior. Allí se levantó un nuevo complejo policial, en el que se concentran la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, la comisaría de Latina y el centro de internamiento de extranjeros (CIE). Los172.000 metros cuadrados restantes (unos 17 campos de fútbol juntos) continúan como un auténtico solar.
Los vecinos han pedido que se levante un hospital, a lo que se comprometió Esperanza Aguirre cuando estaba al frente del Gobierno regional. “Podría ser el hospital de referencia para una población de medio millón de habitantes. También reclamamos un centro de mayores y escuelas infantiles, que son necesarias para la zona”, afirma Pedro Casas. “Todo se iba a hacer tras el derribo, pero tras la crisis de 2008 todo se paralizó y no hemos tenido respuesta. Parece que no hay intención de seguir con el planeamiento”, concluye el vocal vecinal.
El plan parcial de reforma interior de la cárcel de Carabanchel recoge que la calificación de la zona es residencial y terciaria. La parcela principal, de 162.524 metros cuadrados, es propiedad de la Dirección General de Patrimonio del Estado y de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), perteneciente al Ministerio del Interior. La parcela 2 (1.521 metros cuadrados) también es de este organismo, mientras que la tercera (8.222) pertenece a la empresa Pryconsa, según la ficha técnica facilitada por el Ministerio del Interior.
El 4 de febrero de 2015 el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la anterior alcaldesa de Madrid, Ana Botella, firmaron un convenio para desarrollar el planeamiento urbano del solar que ocupó la cárcel. El cambio del equipo de gobierno, con la victoria de Ahora Madrid, paró este proyecto. “Se ha presentado al Ayuntamiento de Madrid una propuesta para el desarrollo y ejecución de ese plan parcial, que está todavía pendiente de aprobación”, mantienen fuentes de la Siepse.
Una portavoz de la Junta Municipal de Carabanchel sostiene que el Ayuntamiento también apuesta por la construcción de un hospital, ya que “es la reivindicación de los vecinos desde hace décadas”. “En cualquier caso es uno de los temas que se trabajarán en la Oficina del Sudeste”, concluye esta portavoz, que recuerda que el propietario de los terrenos es el Ministerio del Interior.
“En definitiva, todo son buenas palabras y no hemos visto ningún movimiento con el paso del tiempo. Entre unos y otros, vemos que no se hace nada para hacer equipamientos que son necesarios para el barrio”, resume Pedro Casas.
La única prisión masculina en Madrid
La cárcel de Carabanchel fue durante muchos años la única cárcel para los hombres. Allí se juntaron los presos comunes con los presos políticos, además de los homosexuales. Durante la dictadura, este colectivo era considerado como delincuente y se les encerraba. De hecho, la parte en la que estaban confinados se llamaba el palomar y estaba en la quinta galería.
En sus celdas estuvieron muchos presos políticos de la época, importantes dirigentes de partidos y de sindicatos que surgieron en la clandestinidad durante la dictadura de Franco.
Destacan Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, que estuvo junto el resto de dirigentes de este sindicato encarcelados en virtud del Proceso 1001; Julián Ariza (dirigente del mismo sindicato); el líder de la Unión General de Trabajadores (UGT) Nicolás Redondo; el dirigente comunista encarcelado durante 25 años, Simón Sánchez Montero; los militantes comunistas Nicolás Sartorius, Ramón Tamames, Enrique Múgica y Enrique Curiel; el socialista Miguel Boyer, Fernando Sánchez-Dragó, Miguel Gila y Fernando Savater, entre muchos otros.
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