Comienza el fin de Carabanchel

La piqueta no entiende de historia. Tampoco de memoria. Ayer, sin embargo, procuró una fotografía para la posteridad. Pocos minutos antes de la una de la tarde, una máquina retroexcavadora de grandes dimensiones golpeaba con violencia uno de los muros de los antiguos talleres penitenciarios de la cárcel de Carabanchel. Con su derribo se puso en marcha el reloj que marcará el fin de la prisión de referencia de la dictadura, por la que pasaron durante años miles de represaliados políticos y sociales del franquismo.

La plataforma contra la demolición inicia hoy una acampada de protesta

Tras el primer golpe, cinco máquinas y una docena de trabajadores continuaron hasta bien entrada la noche con su labor de demolición, que incluso llegó a una de las galerías de presos, la conocida como galería 6, cuyas tripas podían verse ya a media tarde mientras era, poco a poco, reducida a escombros.

Antes, por la mañana, agentes de la comisaría de Carabanchel y trabajadores del Samur Social supervisaron el desalojo de las aproximadamente 30 personas que aún permanecían en un extremo del recinto. Dos familias volverán a Rumania con el dinero que les aporte el Ayuntamiento. Otras dos fueron enviadas a los campamentos municipales de atención a la población inmigrante. Una persona ingresó en un centro de acogida. "El resto han rechazado nuestra ayuda", explicó un portavoz municipal.

Aunque no todos los que viven allí se marcharon. Instituciones Penitenciarias incumplió su palabra de retrasar los trabajos hasta que el complejo hubiera sido desalojado: cuando las máquinas iniciaron el derribo de la cárcel aún quedaba gente en su interior. En el que en tiempos fue el sanatorio psiquiátrico penitenciario, situado al borde de la avenida de los Poblados, permaneció durante todo el día una decena más de personas. Entre ellos, un joven marroquí al que todos conocen como Andrés, que llegó en patera a España hace cinco años y vive junto a dos familias rumanas en el presidio desde hace dos. Por la tarde, el Ayuntamiento le trasladó a un campamento para inmigrantes.

Hoy se marcharán también dos familias con las que vivía Andrés: una de ellas, la de Kosty, a Rumania; la otra, la de Ghearghe, de 23 años y embarazada, a alguna parte de Madrid. "Mira cómo nos tratan. No nos dejan salir y entrar. Esto es todavía una cárcel", gritaba rabiosa la mujer. Según ella, las familias que se marcharon por la mañana recibieron 200 euros cada una. El Ayuntamiento negó haber pagado a nadie.

A su alrededor, como alrededor de todo el recinto carcelario, empleados de seguridad privada vigilaban el perímetro para impedir la entrada. Incluso llegaron a colocar alambre de espino junto a una de las vallas "para evitar que nadie entrase por la noche". Los trabajadores encargados de la demolición intentaron también evitar que cámaras y fotógrafos tomaran imágenes del derribo y colocaron un camión cisterna frente al único hueco desde el que era posible observar lo que sucedía en el interior. Eso sí, dentro los trabajos eran grabados en vídeo por encargo de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (dependiente de los ministerios de Economía y Hacienda e Interior), encargada de la demolición de la antigua cárcel.

La puesta en marcha de los trabajos de derribo coincidió con la reunión que mantuvieron representantes de la Plataforma por un Centro para la Paz y la Memoria en los terrenos de la antigua cárcel con el juez Baltasar Garzón, en la que se presentó ante el magistrado un escrito que solicita "la paralización cautelar" del derribo. La plataforma anunció que hoy iniciarán una acampada de protesta en el parque Eugenia de Montijo contra la demolición.

Por su parte, IU se quedó ayer sola en la Asamblea. La proposición no de ley presentada para mantener la cúpula e instalar en el mismo un centro por la paz y la memoria, fue rechazada con los votos de PSOE y PP.