‘Democraticland’

El Gobierno de Rajoy, respecto de la crisis catalana, se caracterizó por su política del no. Una interpretación absolutamente cicatera de la ley y de la Constitución impidieron cualquier diálogo con las instituciones catalanas, cada vez más próximas al unilateralismo. La tormenta perfecta se preparaba y cuando estalló, se hizo evidente la falta de diplomacia pública internacional desarrollada por los representantes españoles. En algunas plazas políticas tan importantes como Washington, Berlín o Londres caló la largamente trabajada propaganda del procés. Y fue fácil. ¿Quién puede oponerse a que la gente quiera votar y vea que, cuando lo hacen, la policía les pegue? La situación es bastante más compleja, obviamente, que este eslogan simplista que, sin embargo, ha cautivado a intelectuales de reconocido prestigio, en algunos casos, muy motivados por intelectuales catalanes bien situados sumados a la causa desde tiempo atrás.

El 1 de octubre ofreció a la campaña de propaganda independentista la imagen que todo publicista hubiera querido: la policía (española) pegando a señores y señoras de todas las edades, que iban pacíficamente a votar en un referéndum. Poco importaba que el referéndum fuera ilegal, que estuviera basado en una ley aprobada por un Parlament que hizo oídos sordos a la minoría parlamentaria, aunque mayoría social, y que rompió el pacto constitucional en septiembre de 2017.

La maquinaria judicial se puso en marcha haciendo, además, gala del aforismo “con todo el peso de la ley”. Los líderes del movimiento independentista institucional y civil fueron encarcelados provisionalmente, mientras que otros huían sin perder el tiempo. Y de nuevo, la máquina de propaganda procesista se ponía en marcha, arguyendo que en España a la gente se la mete en la cárcel por expresar su opinión. De nuevo, ¿quién va a oponerse a que en un Estado democrático no puedan exponerse libremente las ideas? Tampoco importaba ahora que los líderes políticos fueran privados de libertad provisionalmente por haber actuado de forma expresa y manifiesta contra el orden constitucional asumido comúnmente como pacto convivencial. Porque, como ya he dicho otras veces, el lazo amarillo no pide libertad, sino impunidad.

Creado un clima propagandístico perfecto y con un Gobierno de Rajoy en jaque o en la inopia, llegó el Gobierno Sánchez y comprobó, como nos ha pasado a otros, que viajar por el mundo incluía indefectiblemente tener que dar explicaciones sobre la realidad de la crisis catalana y, como dijera Muñoz Molina hace unos meses, negar que España fuera algo parecido a Francoland.

Incluso aquellas que nunca hemos desarrollado sentimientos patrios y que, más bien, siempre hemos mantenido posiciones críticas con la falta de calidad democrática en algunos ámbitos institucionales y políticos en España, nos hemos visto abocadas a hacer auténticos ejercicios de deconstrucción de los prejuicios infundados e inoculados durante los últimos años contra España. Porque una cosa es criticar constructivamente, desde una posición leal al sistema, incluso promoviendo su cambio, y otra es destruir sin ningún tipo de miramiento por las consecuencias ni, por supuesto, por los instrumentos utilizados. Así, cuando asesores del Congreso en Washington preguntan por qué no se aplica la doctrina Kosovo respecto de Cataluña, o colegas de países europeos critican que haya presos políticos en España, o, incluso, ofrecen su ánimo ante la represión policial que debes vivir como catalana, el estupor es máximo. Lo siguiente es desmentir con datos y argumentos jurídicos cada una de las mentiras creadas y difundidas por el independentismo. Por eso no extraña que el actual Gobierno intente reivindicar la imagen de democracia moderna que es España, según todos los estándares y medidores internacionales existentes. Claro está que hay déficits, pero ¿no los tienen aquellos que ahora nos aleccionan?

En todo caso, estos días nos tocará recordar que en los índices repetimos como democracia plena. Que en democracia directa puntuamos bajo, claro, como el resto de estados construidos sobre sistemas representativos. Que España es de los estados menos condenados por el TEDH. Que nuestra justicia ordinaria funciona y que en ella se cumplen cada día las garantías judiciales. Que en España se juzgó y condenó a buena parte de los autores del 11-M. Que hay políticos electos condenados por corrupción o en prisión provisional a la espera de condena firme.

Cuando de lo que se trata es de socavar la confianza en las instituciones democráticas españolas, todo vale. Cosa que, tristemente no solo está en manos de los independentistas, y que, por otra parte, también intentan otros movimientos en nuestro entorno: el nacionalismo y el populismo tratando de dar caza a los estados de Derecho democráticos.