“Fue la homofobia”

Fue hace casi dos años. Andy Aguilar y Jorge Abreu estaban en Berga, el pueblo donde el primero se crió. Estaban en una discoteca, salieron a tomar aire y a fumar un cigarrillo. Empezaron a besarse. Aguilar recuerda: “Eran sobre las 4.30 de la mañana y se nos acercó una persona, nos dijo que lo que hacíamos le daba asco”. Ambos lo ignoraron. Fue entonces cuando recibieron el primer golpe. “Nos pegó justo donde se juntan las bocas”. En un momento aparicieron cuatro personas más. Aguilar intentó defenderse, pero recibió un golpe en la cabeza y quedó inconsciente. Su compañero, Abreu, tuvo que soportar en el suelo los golpes de los agresores. “Terminé con una herida de córnea que me duró un año”, lamenta Abreu. Ambos fueron víctimas de una agresión por su orientación sexual.

“Los afectados pueden llegar a tener miedo a coger el transporte público o a salir a la calle”, explica Eugeni Rodríguez, presidente del Observatorio Contra la Homofobia. Rodríguez detalla cómo, en Cataluña, se producen cerca de 120 incidencias en contra del colectivo LGTBI cada año. Estas incidencias van desde agresiones (acoso, golpes, etc.) hasta discriminación en el ámbito familiar o laboral.

Hoy, Aguilar y Abreu son una pareja homosexual que vive en el barcelonés Gayxample. En marzo hará dos años de lo que ocurrió aquella noche en Berga. Ambos todavía luchan por llevar a sus agresores a juicio. “Después de un duro proceso, hemos hecho una denuncia, pero somos nosotros los que nos estamos defendiendo”, asegura Aguilar. Según cuentan, han tenido que probar que no iban bebidos, drogados y que no se inventaron ninguno de los comentarios recibidos del agresor. “No es saludable tener que convencer a un juez de que lo que me pasó. Fue la homofobia”, subraya Abreu.

La discriminación hacia el colectivo LGTBI es transversal, pasando por todos los ámbitos de la vida de una persona. Así lo confirma Laura Pérez, concejala de Feminismos y LGTBI del Ayuntamiento de Barcelona. “Se les dificulta el derecho a admisión, a la información y a la vivienda”. En la práctica, esto supone no poder entrar en discotecas, ser cuestionados al reclamar información o rechazados al intentar alquilar un piso.

Las incidencias no han hecho más que aumentar: las denuncias del 2018 duplicaron a las del 2017 en la Oficina por la No Discriminación —explica la concejala—, pasando de 14 a 30. Según Abreu, este incremento es un síntoma de mejora. “Hace unos años te pegaban por ser homosexual y no se denunciaba por el miedo a que la autoridad no te escuchara”. Poco a poco, la gente da el paso y lleva a juicio este tipo de ofensas que “siempre han existido”. Y Aguilar le da la razón: “Hemos perdido bastante el miedo a denunciar en las redes sociales o la policía… hay un gran cambio políticamente hablando”.

Parte de este cambio se debe a la Ley Contra la Homofobia. Según el estudio del Observatorio Contra la Homofobia, las víctimas de agresión han empezado a utilizarla en sus procesos judiciales. Las incidencias que siguen el itinerario de dicha ley han pasado de ser del 0% en 2016 a un 27,9% actual. Pérez afirma que la normativa les ha llevado a formar a todo su personal en la norma y su cumplimiento. Aun así, Rodríguez recuerda que su aplicación en toda España sigue pendiente.

A pesar de ello, Aguilar y Abreu reivindican la educación como principal actor de cambio. “Un niño no nace con este tipo de prejuicios por eso es fundamental una enseñanza que muestre variedad de familias”, cuenta Abreu. Y Aguilar añade: “Solo hace falta empatía para ver que las personas del colectivo LGTBI sienten y sufren igual que ellos”. Ambos esperan que dentro de “unos tres meses” se termine su proceso legal para que, finalmente, se haga justicia. Rodríguez afirma que “el gran triunfo llegará cuando exista conciencia de diversidad sexual en todos los niveles para poder avanzar”.