El taxi bloquea Barcelona contra el decreto de la Generalitat sobre VTC

Los taxistas han vuelto a bloquear este viernes la Gran Via de Barcelona y han decidido pasar ahí la noche, la misma imagen de colapso que se vivió a finales de julio del año pasado. El conflicto entre taxistas y Uber y Cabify se enquista pese a la iniciativa de la Generalitat para ser la primera en preparar una norma autonómica que regule el sector. Con la amenaza de los taxistas de paralizar el Mobile World Congress, la Generalitat ha presentado una propuesta de reglamento que obliga a precontratar los servicios de los coches con licencia VTC con 15 minutos de antelación, un periodo que los taxistas consideran insuficiente.

La misma Gran Via de Barcelona que a finales de julio del año pasado se convirtió en una gran acampada, se ha vuelto a llenar de taxis, entre las calles de Entença y de Girona. En verano, la acción era contra el Gobierno; en invierno, el dardo va dirigido contra la Generalitat, que a juicio de los taxistas no cumple con sus demandas. En medio está la movilidad en Barcelona, que ve como una de sus principales arterias vuelve a estar cortada. El Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre si esta vez piensa tomar medidas ante el colapso del tráfico, después de que en verano no lo hiciera.

La propuesta de la Generalitat prevé que para contratar un Uber o un Cabify sea necesario hacerlo con 15 minutos de antelación, una precontratación que es un imperativo legal para las licencias VTC. La propuesta de decreto, que ha sido detallada en el Consejo del Taxi por el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, incluye otras dos medidas para restringir la actividad de los VTC. Por un lado, el fin de la geolocalización (el usuario no podrá elegir el coche en un mapa, ya que según Calvet esto tiene el mismo efecto que el de parar un taxi con la mano alzada, una captación vetada para los VTC) y por otro, la obligación de que el vehículo vuelva a la base o deje de circular después del servicio hasta que tenga una nueva reserva.

Estas medidas son un duro golpe para las empresas de VTC, que basan su actividad en la inmediatez del móvil. La patronal Unauto-VTC ha anunciado que las recurrirá. Pero la propuesta tampoco ha convencido a los taxistas: ellos exigían una antelación de entre 12 y 24 horas.

La asociación Elite Taxi, descontenta con la propuesta de la Generalitat, ha abandonado el Consejo del Taxi. “Es una tomadura de pelo”, ha dicho el portavoz, Alberto Tito Álvarez. La protesta de los taxistas se ha convocado sin previo aviso y sin fijar servicios mínimos, y los taxistas, después de una asamblea en el Aeropuerto de El Prat, han procedido a colapsar el centro de la ciudad tal como ya hicieron el verano pasado.

Esa acción, junto con la protesta de los taxistas madrileños, forzó entonces al Gobierno a trasladar las competencias en materia de VTC a las comunidades autónomas, mediante el Real Decreto Ley 13/2018. Cataluña es de momento la primera comunidad que ha presentado una propuesta de reglamento. “Las VTC ya existían, pero por esta puerta de atrás se nos han colado unas plataformas que pretenden hacer de taxis, y esto no puede ser. El Gobierno del PP promovió una desregulación que ha dado lugar al problema. Nosotros sabíamos que teníamos que regular”, ha defendido Calvet, con una contundencia que no ha convencido al sector del taxi.

El consejero ha asegurado que este reglamento “tiene una gran robustez jurídica” y que “no será tumbado”, tal como pasó con el reglamento impulsado por el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a mediados de 2018. El Govern aprobará el decreto en las próximas semanas y en un año y medio lanzará una ley integral sobre el sector, según ha explicado Calvet.

El titular de Territorio ha abierto la puerta a que la AMB, entidad que preside la alcaldesa Ada Colau y que, mediante el decreto, estará habilitada para gestionar las licencias VTC, pueda ampliar el periodo de antelación más allá de los 15 minutos. La AMB no ha tardado en responder con un comunicado en el que choca con la Generalitat: “La AMB considera impropio que si el Govern da a entender que es posible un plazo de precontratación más amplio, no quiera cubrirlo con la mayor seguridad jurídica que da una ley, y en cambio quiera traspasar la responsabilidad a la AMB”, ha criticado la entidad, que ha tachado de “insuficiente” el plazo de 15 minutos.