El taxi emprenderá acciones judiciales contra Uber y Cabify y reclamará al Estado

El sector del taxi enfrenta una semana clave por la decisión que tomará la Generalitat el próximo viernes sobre si acepta las exigencias de los taxistas en el ámbito de la regulación de los coches de alquiler con conductor, que operan con licencias VTC. Ante la ofensiva judicial que han anunciado empresas como Uber y Cabify, los taxistas han respondido este martes con el anuncio de que presentarán una demanda civil y una querella criminal contra estas compañías por la competencia desleal que, según ellos, ejercen. El sector también hace un llamamiento a los taxistas para presentar colectivamente una demanda de responsabilidad contra el Estado por daños patrimoniales. "El rescate del sector del taxi puede costar, como mínimo, 25.000 millones de euros", ha alertado Elpidio José Silva, abogado de la Plataforma Integral del Taxi.

"Si alguien ha pensado que el sector del taxi va a desaparecer, está equivocado", ha dicho Silva, tras detallar las acciones judiciales que el sector llevará a cabo en las próximas semanas para hacer frente a las empresas que gestionan las licencias VTC. La primeras, una demanda civil y una querella criminal contra Uber, Cabify y las empresas que controlan estas licencias, se presentarán esta misma semana. "Tenemos pruebas que destaparán la trama que están montando. Están engañando a la gente", ha dicho el portavoz de Elite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez.

La otra estrategia pasa por hacer responsable al Estado de las pérdidas que los taxistas aseguran sufrir por la competencia de las VTC. "Desde hace nueve años el Estado está incumpliendo las directivas europeas y está vulnerando el sistema de competencias. El Estado, que ha dado licencias estatales de VTC, tendrá que pagar por responsabilidad patrimonial, porque tampoco ha ejercido de supervisor", ha dicho el abogado. 

Los taxistas responden así a la ofensiva judicial que anunció Unauto-VTC la semana pasada, también en rueda de prensa en el colegio de periodistas de Barcelona. La patronal que representa, entre otros, a Uber y Cabify, anunció que recurriría al Tribunal Constitucional el Real Decreto que el Gobierno aprobó en septiembre y que traslada a las comunidades autónomas las competencias para regular licencias VTC. La patronal también avisó a la Generalitat de que si empieza a regular tendrá que pagar una indemnización que calcula en 1.100 millones de euros. 

La Generalitat es de las pocas administraciones autonómicas que ha empezado a preparar el reglamento, y de momento está estudiando incluir las principales exigencias del sector del taxi. Los taxistas reclaman que para contratar los servicios de un VTC sea necesaria una antelación de al menos un día, lo que desvirtúa el funcionamiento instantáneo de las aplicaciones que usan Uber y Cabify. Preguntados por si aceptarían una franja horaria de antelación menor a 24 horas, los taxistas han respondido que no. "El reglamento estipula que un servicio especial como el de las VTC tiene que contratarse con antelación, y ahora hay que fijar cuánto tiempo", ha dicho Luis Berbel, presidente del sindicato STAC. Si el viernes la Generalitat no cumple con sus exigencias, los taxistas avisan que "el taxi se va a defender".