Sant Adrià lanza un SOS por el “alud” de la droga y la pobreza en La Mina

Cansado de ir de despacho en despacho, de que le reciban presidentes de la Generalitat y consejeros de sucesivos gobiernos. De que le muestren apoyo y le den palmadas en la espalda pero no resuelvan nada, el alcalde de Sant Adrià del Besòs, Joan Callau, acudió este jueves al Parlament para exponer a los partidos políticos (JuntsxCat, ERC, Catalunya en comú, Ciutadans y PSC) la situación extrema que vive el barrio de La Mina como consecuencia de la pobreza y el tráfico de droga y para pedir ayuda. En recursos y presión policial.

"Hemos dado marcha atrás hacia los años 80. Nos tienen que ayudar", manifestó. "Nos negamos a ser los especialistas en pobreza y drogas del área metropolitana, no está escrito en ninguna parte que este sea el destino de una ciudad, es como un alud que nos ultrapasa mucho", exclamó. "Tenemos la sensación el convencimiento de que a todo el mundo fuera de Sant Adrià le conviene que los problemas estén en La Mina", remachó y recordó que el barrio se creó para realojar a barraquistas de Barcelona.

La presión de la droga sobre La Mina (10.400 habitantes de los 37.000 del municipio) es tremenda: en 2017, los usuarios de la sala de venopunción fueron casi 2.000 frente a los 2.100 de la sala Baluard, en el barrio del Raval de Barcelona o 3.700 en toda la ciudad. "Diez mil vecinos soportan una presión por el consumo de drogas muy superior a la de Barcelona, que tiene 1,6 millones de habitantes", alertó el alcalde. En la última década, los usuarios de la sala de venopunción del barrio se han multiplicado por cinco; los consumos, por diez. El 67% de los toxicómanos atendidos en La Mina son de Barcelona y solo el 2,5% vecinos de Sant Adrià. Y otro dato de la situación de emergencia: cada día en calles y parques de la zona se recogen 93 jeringuillas.

El retrato con datos de la realidad socioeconómica del barrio que presentó Callau es también demoledor. De los casi 4.000 pisos del barrio, el 92% son sociales. El 70% tienen la luz pinchada. Y sus habitantes acumulan una deuda de 2,2 millones de euros por no pagar servicios básicos comunitarios, una carga que paga el Ayuntamiento. El 25% son usuarios de servicios sociales y el absentismo escolar en primaria alcanza el 40%, el 70% en secundaria. "Barrios como este corren el riesgo de quedar descolgados", lamentó.

Callau expuso también situaciones concretas que ilustran la realidad de La Mina. Como que solo una empresa de ascensores que quiera trabajar reparando los del barrio. O que el otro día hubo un incendio, porque a una señora se le había quemado una sartén, y la prensa acudió pensando que lo que quemaba era una plantación de marihuana.

El alcalde, acompañado del diputado socialista Raúl Moreno, pidió ayuda explícita a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. "Cuando Barcelona aprieta recibimos los otros", afirmó y recordó que tras el cierre de narcopisos del Raval hace unos meses, los usuarios de la sala de venopunción de La Mina aumentaron en un centenar. Insistiendo en la misma idea Morenos afirmó que "es necesaria la intervención de todas las administraciones, porque La Mina no se puede convertir en el espacio donde la ciudad de Barcelona expulsa parte de sus problemas". "No podemos condenar a los vecinos a que sientan que no se les tiene en cuenta, tenemos que abordar el problema porque si no se nos girará a todos", advirtió.

Además de la reunión y el clamor en público, el Ayuntamiento de Sant Adrià ha trasladado al Parlament la moción que ya aprobó el pleno del consistorio que reclama a las administraciones catalanas y del Gobierno "el reconocimiento de las necesidades específicas del barrio de La Mina, y su implicación, apoyo económico y compromiso para afrontar sus necesidades".