Chamartín, escándalo o corrupción

El conocimiento en estos días de un contrato secreto de la Operación Chamartín, en el que se establecen las condiciones de la venta de 1.200 millones de metros cuadrados públicos titularidad de ADIF, a una entidad privada constituida por el BBVA y el Grupo San José (Distrito Castellana Norte, DCN), ha desvelado la podredumbre, por no usar la palabra corrupción (aunque todo apunta a ello), que ha acompañado a esta operación inmobiliario-financiera, camuflada bajo distintos nombres o disfraces a lo largo de 25 años. Un intento de vender como desarrollo urbanístico lo que es un puro negocio inmobiliario, publicitado mercantilmente por DCN con la aquiescencia del Ayuntamiento de Madrid.

Un contrato suscrito desde el inicio por instituciones públicas con una gran incidencia en el desarrollo de la ciudad, como el Ministerio de Fomento, el Gobierno regional y el Ayuntamiento. Una vinculación estrecha y necesaria mantenida a lo largo de los años para garantizar los beneficios privados a costa de los bienes públicos, con independencia del color político de los responsables de dichas instituciones.

Es muy grave que se malvendan bienes públicos a una entidad privada, con un probado ánimo de lucro, a un precio muy por debajo del establecido por el mercado, lo que, por sí mismo, supone una malversación, una grave pérdida del patrimonio común de los madrileños.

Muy grave es que los sucesivos acuerdos alcanzados a lo largo de estos años se hayan cocido con nocturnidad y alevosía, en una constante renovación, cada vez más ventajosa, para el socio privado. El BBVA.

Pero más grave es que a lo largo de estos años nadie haya expuesto y explicado públicamente cuáles son las necesidades reales de los madrileños y cuáles las oportunidades que esta enorme cuña ofrece para dar respuesta a las mismas. Una oportunidad para el reequilibrio de la ciudad y su articulación con el territorio metropolitano.

Nadie y, en primer lugar, el Ayuntamiento, ha defendido la prioridad de dar respuesta a los graves problemas que afectan a Madrid, como son la desigualdad creciente entre el norte y el sur, la segmentación y segregación social y física entre el Madrid rico y el Madrid pobre.

Frente a la carestía creciente de la vivienda, la disponibilidad de suelo público en manos de las administraciones públicas es una de las oportunidades más claras que ofrece este territorio para iniciar un programa de vivienda pública en alquiler que borre y supere las poco creíbles e ineficaces promesas de 20.000 o más miles de viviendas con “algún tipo de protección” oficial. Un insulto a la inteligencia y a los ciudadanos que con mayor urgencia exigen el cumplimiento real del mandato constitucional: una vivienda digna y asequible.

Muchas más maldades políticas, sociales y urbanísticas pueden descubrirse en el conocimiento, ahora desvelado, de este contrato secreto que solo puede calificarse como vergonzoso en un país definido en nuestra Constitución —tan mentada y exhibida sin pudor en estas fechas—, como un estado social y democrático de derecho.

Añado un comentario más. No ha sido la voluntad de transparencia de las instituciones implicadas la que ha hecho público el contrato, sino una filtración. Tema este que debería avergonzar a nuestros gobernantes, que se han negado a entregar la documentación sobre este largo proceso, reclamada una y otra vez por asociaciones de todo tipo, Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Plataforma Norte Fuencarral, etc., al amparo de la Ley de Transparencia.

Estas rápidas líneas deberán reflexionarse y documentarse con mayor profundidad para apoyar la exigencia colectiva de rescatar Madrid Nuevo Norte (MNN) de las manos avariciosas de la banca para devolverla al Ayuntamiento, obligado a formular un proyecto ex novo que ponga este gran espacio de la ciudad al servicio de los madrileños.

Eduardo Mangada es arquitecto, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y exconsejero de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.