La Generalitat asume otro error con ATLL y rehace la indemnización para Acciona

El Gobierno catalán ha asumido el enésimo error en su gestión del fiasco de la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), la principal mayorista de agua potable de Cataluña. Ha encargado a la Agencia Catalana del Agua (ACA) que reelabore las cuentas que realizó para liquidar el contrato de concesión que ahora gestiona un consorcio liderado por Acciona, según las cuales no solo no preveía el pago de ninguna cuantía económica, sino que demandaba a la concesionaria 38,4 millones de euros, después de que el Tribunal Supremo decidiera anular la adjudicación aprobada a finales de 2012.

En noviembre, el TSJC determinó que el contrato era "anulable", pero no asumía la tesis del Govern de que era nulo de pleno derecho, con lo que la Generalitat intentaba evitar el pago de una indemnización. Con ese último auto del tribunal, la Generalitat debería atenerse a las compensaciones previstas en el contrato de concesión en caso de liquidación del contrato.

El nuevo paso dado por la Generalitat fue comunicado el martes durante el consejo de administración de la Agencia Catalana del Agua, que apura los trabajos para que el primer día de 2019 ATLL vuelva a ser gestionada por la Generalitat. La cifra que ofrecerá la Administración catalana, sin embargo, probablemente continuará lejos de los 1.36 millones de euros que demanda Acciona. En los cinco años en los que ha explotado la compañía, responsable de la canalización y tratamiento del agua que beben cinco millones de catalanes (que luego vende a los suministradores), el consorcio ha ganado cerca de 100 millones de euros (98,7 millones).

Al Departamento de Territorio le quedan una docena de días para reconvertir ATLL en una empresa pública de gestión también pública. Ya ha creado el Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat, que se encargará de la gestión, y es posible que en el Consell Executiu que se celebrará hoy o en el del próximo martes se apruebe la definitiva conversión de ATLL.

Desde Acciona niegan que se hayan producido reunciones para hacer el trasvase de activos y pasivos y de la plantilla. La ACa ha conseguido un crédito de 37,5 millones de euros para garantizarse la puesta en marcha de la compañía ya pública. Siete de esos millones serán para un pago a Acuamed y elr esto para garantizar los recursos necesarios para pagar las facturas a corto plazo y mantener el servicio de una empresa que factura cada año en torno a los 150 millones de euros.