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Los vecinos de cinco edificios de Barcelona amenazan con una huelga de alquiler

Los bloques son de la misma empresa y afrontan subidas de renta de hasta el 75%

Pancartas de protesta en un edificio de inquilinos del barrio del Poblenou.
Pancartas de protesta en un edificio de inquilinos del barrio del Poblenou.

Les quieren subir el alquiler entre un 20% y un 75%, han intentado negociar sin éxito y han dicho basta. Están dispuestos a tomar medidas drásticas. Los inquilinos de cinco edificios de Santa Perpètua de Mogoda, Rubí y Barcelona que comparten la misma propiedad y empresa gestora, se plantean hacer una huelga de alquileres. Dejar de pagar. Este miércoles tienen previsto reunirse con el Gobierno español junto al Sindicato de Inquilinos para pedir que regule los precios.

Los cinco bloques los gestiona Medasil y son propiedad de Promociones Lladero, una empresa con la que este diario ha intentado comunicar sin éxito desde el lunes. Y pese a compartir caseros, son realidades bien distintas: cuatro de los bloques son de alquiler de protección oficial y el quinto, con rentas de hasta 1.700 euros mensuales. El sábado pasado familias de todos los edificios celebraron junto al Sindicato una asamblea en Rubí y decidieron que no aceptarán subidas del alquiler y que, en última instancia, harán huelga y no pagarán.

Barcelona dejó de pagar rentas en 1931

La ciudad de Barcelona vivió una huelga de alquileres en 1931 impulsada por el Sindicato de la Construcción de la CNT. El sector había sufrido un frenazo tras la Exposición de 1929, miles de inmigrantes perdieron el empleo y no tenían con que pagar la vivienda. Había desahucios diarios y hasta se crearon “casas de dormir”. Y el Gobierno de la República no mostró la sensibilidad que estos grupos esperaban. Las familias pidieron una rebaja del 40% de las rentas y entre 45.000 y 100.000 dejaron de pagar el alquiler. La huelga fue una movilización sin líderes y duramente reprimida, aunque muchas familias consiguieron pactar rebajas.

Los vecinos que están en una situación de mayor emergencia son 28 familias del barrio de Can Filuà de Santa Perpètua: firmaron los contratos de alquiler en 2013 y se les acaban el próximo 31 de diciembre. Àngel Ponce es uno de los afectados y explica que en origen los pisos eran de la Llave de Oro, a precio de alquiler protegido, pero en 2015 les notificaron el cambio de propietario. La subida de renta que les han notificado es de 370 euros mensuales a 640, del 73%. Una subida que aunque cueste de creer es legal, porque no supera el régimen general de la zona A (la misma a la que pertenece la ciudad de Barcelona) que regula las viviendas de protección.

“No podemos asumir esta subida, si vivimos en estos pisos es porque por nuestros ingresos cumplimos los requisitos del registro de solicitantes”, asegura Ponce. Y alerta: “en Santa Perpètua no hay más viviendas de protección, nos echan del pueblo”. El vecino, que este miércoles participará en la reunión de Madrid, asegura que están “muy decididos a no marcharse y a luchar para conseguir alquileres asequibles y regular su precio”.

Desde el Ayuntamiento de Santa Perpètua, su primer teniente de Alcalde y concejal de Vivienda, Joan Alcàntara, lamenta que “los topes de la vivienda de protección y las zonas se han quedado desfasadas después de la crisis, cuando las familias cobran incluso menos”. Y asegura que ha pedido a la Generalitat que revise las tablas de precio. El consistorio ha hablado sin éxito con Medasil y con Promociones Lladera: “Responden que actúan de acuerdo con la ley”. “Estamos haciendo lo que podemos”, añade, y confirma que en el municipio no hay más parque público de vivienda. Sobre la idea de la huelga, apunta “que es una decisión de los vecinos”.

En el caso de Rubí, los edificios afectados, también de protección, son tres de la zona de Sant Jordi Park: suman 80 contratos que finalizan en fechas dispares. También afrontan subidas de renta de casi 400 euros. El quinto edificio de los movilizados está en el barrio del Poblenou de Barcelona y sus vecinos pagan rentas de entre 1.200 y 1.700 euros por pisos que tienen zona comunitaria, piscina y vistas al parque de Jean Nouvel.

Regular los precios

El portavoz del Sindicato de Inquilinos, Jaime Palomera, insiste en que “la situación es de emergencia habitacional” y alerta de que “las políticas han fomentado una burbuja de alquileres a medida de los fondos buitre”. Palomera recuerda que el Sindicato celebró que el Gobierno reforme la ley para alargar los alquileres, pero insiste en la necesidad de regular los precios. “Es urgente tomar decisiones valientes en favor de tres millones y medio de familias de inquilinos. Si no regulan los precios por la vía urgente nos obligan a incrementar el conflicto con los fondos inmobiliarios que especulan y a caminar hacia la huelga de alquileres”, avisa.

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