El valor del suelo cae un 25% por la imposición a los promotores de hacer vivienda social

La aprobación de la reforma del Plan General Metropolitano (PGM) de Barcelona para imponer a los promotores destinar un 30% de sus proyectos a vivienda social repercute sobre el valor del suelo residencial de la ciudad, que caerá un 24,9%. No es lo mismo comprar un solar para hacer una promoción de pisos a precio de mercado libre que comprarlo sabiendo que el 30% del edificio deberá destinarse a vivienda asequible.

La medida entró ayer en vigor y el Ayuntamiento considera que, en base a los requisitos de acceso, el 75% de la población de Barcelona podrá solicitar esas viviendas.

El gobierno de Ada Colau, impulsor de la medida, recuerda que pese a la caída del valor del suelo, la modificación “garantiza la viabilidad económica de todas las operaciones” y nadie que tenga suelo comprado perderá dinero. Prevé que si se compró el solar en un periodo que estaba muy caro se le perdonará la imposición de hacer el 30% de pisos sociales y que en el caso de que la adquisición se hubiera realizado en el primer semestre de 2016, se estudiará el caso para decidir cómo se responde. El argumento municipal se basa en estudios económicos realizados por los técnicos municipales. El criterio es siempre que se mantenga la viabilidad del proyecto.

Contra la especulación

La medida no va contra la actividad de la construcción, sino que ataca los márgenes especulativos de las operaciones inmobiliarias”, apuntan fuentes municipales. Las mismas recuerdan que el valor del suelo experimentó una subida de casi un 60% entre 2013 y 2017. El ejecutivo estima que en condiciones normales de mercado, con la medida del 30%, podrá sumar entre 300 y 400 pisos al parque de alquiler social.

Con todo, durante los meses de la tramitación de la modificación del PGM han entrado centenares de licencias de promotores para esquivar la imposición. Solo desde que el pleno del consistorio votó la nueva norma y fue aprobada definitivamente en septiembre, los promotores solicitaron al Ayuntamiento 234 licencias de nuevos proyectos. De estas, 40 edificios tienen más de 600 metros cuadrados y se verían afectadas por el cambio. En total, suman 940 pisos, de los que 282 (el 30%) deberían ser a precio asequible. Estas solicitudes de licencia o de certificados de aprovechamiento urbanístico se pudieron presentar porque los grupos municipales de ERC y el PSC forzaron a Colau a no dictar una moratoria de licencias durante la tramitación. A cambio, apoyaron la reforma.