El juzgado da dos meses a los usuarios para reclamar a Audasa los peajes

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha admitido a trámite la demanda de juicio ordinario presentada por la Fiscalía contra Audasa, la concesionaria de la AP-9, para ejercitar la acción colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios por lo que considera prácticas abusivas de la empresa, según ha confirmado este miércoles el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El Ministerio Fiscal denunció la operativa de la empresa y ha exigido ante el juzgado que esta devuelva los peajes íntegros que pagaron los afectados durante al menos tres años, entre febrero de 2015 y junio de 2018. Durante este período se realizaron obras de ampliación de la autopista en el entorno del puente de Rande, en Vigo, superando los plazos de ejecución, que provocaron atascos y retenciones diarias a los usuarios que aun así pagaron los peajes y la subida de las tarifas.

El juez instructor también acuerda dar difusión al decreto en los medios de comunicación y hace un llamamiento a los usuarios del servicio que dio origen a la demanda para que hagan valer su derecho o interés individual y se personen en el proceso. La resolución puede ser impugnada por la concesionaria, pero no suspenderá el trámite de la demanda.

Este llamamiento a los usuarios suspenderá el curso del proceso por el plazo de dos meses. Los perjudicados tendrán que personarse por medio de procurador y con asistencia de abogado, aunque el juez advierte que quienes no lo hagan también podrán ejercer sus derechos e intereses. Aunque los hechos a los que se refiere la demanda se han producido en la provincia de Pontevedra, los potenciales afectados, añade la resolución, pueden provenir de cualquier punto del territorio nacional. Incide también el decreto en que al tratarse de un proceso en el que el daño puede alcanzar a una pluralidad de personas de difícil cuantificación, será el letrado de la Administración de Justicia el que determine el plazo para que estas puedan personarse, atendiendo la complejidad de los hechos y la dificultad para localizar a los afectados.

La propia Fiscalía de Pontevedra pide en su demanda que, aunque no se conoce la totalidad de consumidores afectados, se extienda la sentencia a todos aquellos que acrediten haber pagado el peaje en estas circunstancias. En ese período de algo más de tres años, la propia Audasa reconoce que se registraron unos 77 millones de tránsitos, y la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros ascendió a unos 90 millones de euros.