Economía trata de agilizar procesos internos para cumplir con el pago a 30 días

La Generalitat no tiene problemas de liquidez para pagar las facturas a sus proveedores, pero desde el pasado mes de abril incumple la norma que obliga a las administraciones a pagar en un plazo máximo de 30 días. En octubre, último mes con datos disponibles, el periodo medio de pago se situaba en 41,8 días. Fuentes del Departamento de Economía y Finanzas aseguran que se trata solo de un cambio en la fórmula de contabilizar el pago y que los proveedores siguen cobrando con el mismo plazo de tiempo que antes.

Las estadísticas sobre pagos muestran un salto entre los meses de marzo y abril del año pasado. En solo un mes de diferencia se produjo una diferencia de casi 21 días: de 24,8 a 45,5 días. En ese momento se cambió la forma de contabilizar los pagos. La modificación respondía a que la Comisión Europea había tirado de las orejas al Ministerio de Hacienda por no contabilizar los primeros 30 días, los que van desde la fecha de entrada de la factura en la Administración hasta la fecha de conformidad, cuando en España empezaban a correr los días. Sostenía el Ejecutivo comunitario que era una fórmula de camuflar la morosidad de las administraciones públicas, que afectaba a más comunidades autónomas que a Cataluña.

Como la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, un ejemplo de presupuesto público al contar con superávit, también ha sufrido el cambio de contabilidad forzado desde Bruselas. Ahora sus estadísticas arrojan que sus proveedores cobran a 12,6 días (datos de octubre), pero sigue estando dentro del mes hábil para pagar las facturas. Antes del cambio sus números salían en negativo, ya que a la cifra actual se le reducían cerca de treinta días.

La realidad es que esa dilación en el periodo de pago que sufre el Gobierno catalán no tendría que haberse notado entre los proveedores de la Generalitat, explican fuentes del Ejecutivo autonómico. El Colegio de Farmacéuticos, uno de los proveedores que más había criticado los retrasos en el cobro, asegura que la Generalitat está al día y que no se han detectado problemas. Otras fuentes empresariales consultadas explican que tampoco han notado afectación.

“Es un tema formal”, aseguran desde el Departamento de Economía de la Generalitat, del que admiten que rebasar los 30 días que fija la ley les supondrá realizar un esfuerzo adicional, de gestión interna. Solo se conseguirá alcanzar ese margen con una agilización de la tramitación interna de las facturas y, sobre todo, con su automatización. El problema, no obstante, es conseguir que esa aceleración de procesos alcance a todo el sector público de la Administración catalana, incluidas las 182 empresas que la integran. Desde el Gobierno catalán, no obstante, subrayan que no tienen problemas para pagar a sus proveedores y que el problema de los 30 días podría dejar de serlo en diciembre, cuando prevén reducirlo. En los meses tras el verano ya han conseguido cierta reducción. 

En diciembre, no obstante, es habitual que las estadísticas de pago a los proveedores se reduzcan drásticamente, como efecto de la operativa propia de la Administración. En enero vuelven a subir. El último mes del año pasado, en plena aplicación del artículo 155 de la Constitución —intervención de la Generalitat, incluidas sus cuentas—, el pago a proveedores se redujo a 18 días, cuando la media del año se había situado en los 26 días. Y un año antes, en 2016, en diciembre se pagó a 28,9 días, cuando la media anual era de 31,6 días.

Diferencias entre ámbitos

Entre las distintas áreas del sector público hay diferencias de pagos. Mientras que el área sanitaria paga a 42,5 días y la educativa a 38,8 días, los servicios sociales sí estarían cumpliendo los 30 días de margen (26,8). Y entre tipos de organismos, las entidades del sector público se sitúan entre las que acumulan más retrasos, con una media de 56,16 días.

El Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona es el que peor paga, al menos en el mes de noviembre. Según los datos públicos de la Generalitat abonaba sus facturas con un retraso de 744 días. Está a años luz de otros organismos que también acumulan morosidad. Como ese ente, otros diez organismos públicos pagan con más de 100 días de retraso. Pero ninguno supera los 200 días. El que más se acerca a ese umbral es la Fundación del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont. Sus proveedores tienen que esperar 189 días.