Juristas rechazan que el Parlament investigue al Rey

Los expertos en derecho constitucional consultados por EL PAÍS coinciden en que el Parlament de Cataluña no tiene competencias para crear una comisión de investigación sobre la familia real española. Si lo hiciera, los juristas vaticinan que el Gobierno estaría legitimado para impugnar el acuerdo ante el Tribunal Constitucional y que es muy probable que fuera suspendida esa comisión de investigación.

La Mesa de la Cámara acordó el pasado lunes su creación, impulsada por Junts per Catalunya, y a la que se sumaron Esquerra Republicana, la CUP y los comunes con el fin de investigar “las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real”.

Para que el acuerdo prospere ha de pasar por la junta de portavoces que, a su vez, ha de llevarlo al orden del día Pleno. La junta se reunió este martes, pero no lo debatió en previsión de que Ciudadanos, PSC y PP solicitarían su reconsideración, como así sucederá. Es muy probable que esas peticiones no sean atendidas y que la comisión se cree formalmente en el pleno que se iniciará el próximo 12 de diciembre.

Xavier Arbós, catedrático de derecho constitucional de Barcelona, asegura: “No parece que la actuación de la monarquía sea competencia de la Generalitat, ni siquiera en la interpretación más amplia que pueda hacerse” del artículo 67.1 del reglamento del Parlament. Ese precepto regula la creación de las comisiones de investigación “sobre cualquier asunto de interés público que sea competencia de la Generalitat”. Arbós entiende que la comisión desplegaría “efectos jurídicos externos” porque, en el ejercicio de sus funciones, llamaría a comparecer a diversas personas.

“¿A quién van a llamar para que comparezca? ¿Al periodista Jaime Peñafiel?”, se preguntaba con ironía la portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, quien calificó de “absurdo” que se cree la comisión. La petición de creación razona que podrá incorporar a “especialistas” en número igual a la de los diputados que la formen.

Uno de los objetivos de los trabajos sería investigar “las presuntas cuentas irregulares” de Juan Carlos I “en Suiza y otros paraísos fiscales”, así como “las estructuras de corrupción vinculadas a la familia real española y a personas relacionadas”.

Argelia Queralt, profesora de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, califica de “fuegos artificiales” la creación de la comisión y recuerda que tanto Felipe VI como Juan Carlos I nunca comparecerían por mandato constitucional. “Son inmunes, de la misma manera que todos los actos de la Casa Real no son perseguibles, ni fiscalizables ni controlables”, explica. “Ahora el Parlament parece que nos quiere tener entretenidos un rato con el discurso de que España no es una democracia y tal y tal”, añade.

Por su parte, Javier Tajadura, profesor de derecho constitucional en la Universidad del País Vasco, coincide con Arbós. “Desde luego, la Casa Real no es competencia del Parlament”, asegura. Este jurista también rechaza el argumento de los impulsores de la comisión de que es más necesario que nunca porque la rechazó la Mesa del Congreso. “Eso es una excusa. En las Cortes no se aprobó porque eso afectaría a la inviolabilidad del anterior jefe del Estado”, asegura.