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Barcelona pide la abolición de la monarquía

La CUP impulsa una declaración que critica el papel de Felipe VI durante el conflicto catalán y suma el apoyo de los comunes, PDeCAT y ERC

Ayuntamiento de Barcelona
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona, este viernes. Europa Press

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una declaración institucional que critica la actuación del rey Felipe VI durante “el conflicto catalán” y “reafirma el compromiso con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y antidemocrática como la Monarquía”. La declaración, impulsada por la CUP, ha contado con el apoyo de los concejales del gobierno de la alcaldesa Ada Colau (BComú), los del PDeCAT, ERC y dos concejales no adscritos. En total, 29 votos de un total de 41.

Las declaraciones institucionales, que se leen al final de los plenos, no se debaten ni se defienden durante la sesión. Simplemente el partido que la promueve lee el texto en voz alta si logra el apoyo de dos tercios del pleno (27 concejales). Los cinco concejales de Ciudadanos se han ausentado del pleno durante la lectura de la declaración. Los del PP y el PSC han solicitado tomar la palabra. El concejal popular Alberto Fernández Díaz ha lamentado "que las declaraciones hayan salido adelante con el voto de la alcaldesa de Barcelona". Y la socialista Carmen Andrés ha subrayado que su partido "no ha suscrito" el texto.

El texto impulsado por la CUP expone que durante el mes de octubre del año pasado, punto álgido del proceso soberanista, “los poderes del Estado decidieron utilizar la Monarquía como una trinchera más contra el pueblo organizado” y tilda el discurso del Rey el 3 de octubre, de “amenazador contra una parte de la población que dice representar”.

Tras la introducción, la declaración también pide “reprobar los actos represivos en contra de la ciudadanía y condenar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, la amenaza de la ilegalización de partidos políticos catalanes, la judicialización de la política y la violencia ejercida contra los derechos fundamentales”. En un tercer punto “rechaza y condena el posicionamiento del rey Felipe VI su intervención en el conflicto catalán y su justificación ejercida por los cuerpos policiales el 1 de octubre”.

La declaración impulsada por la CUP va en la línea de la que se aprobó hace dos semanas en el Parlamento catalán, entonces impulsada por los comunes, que reprobaba la actuación del Rey. Un texto contra el que el Gobierno central ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional. En aquella ocasión, los anticapitalistas se abstuvieron por su discrepancia con un punto del texto que se refería a dialogar con instituciones del Gobierno español, recuerdan fuentes de la CUP. Durante este mandato, en el Ayuntamiento, el grupo municipal de la formación anticapitalista ha protagonizado varios episodios de repulsa a la monarquía. Uno de los más destacados fue durante el pleno de diciembre de 2016, cuando los tres concejales rompieron fotos de Felipe VI.

En el pleno de este viernes también se ha aprobado una declaración institucional impulsada por el PDeCAT que exige la libertad de los políticos independentistas presos, una cuestión sobre la que ha habido pronunciamientos anteriores en el pleno. Han apoyado el texto de los demócratas los mismos grupos que han apoyado la reprobación al Rey: los grupos municipales de BComú, ERC, la CUP y los dos concejales no adscritos.

También ha vuelto a formar parte del orden del día la propuesta de renombrar alguna plaza o calle de la ciudad con el nombre de 1 de octubre, en referencia al referéndum de autodeterminación, declarado ilegal por el Constitucional. En esta ocasión, en la que ERC ha interpelado directamente a la alcaldesa Ada Colau, esta ha aceptado elevar la propuesta a la Ponencia del Nomenclátor, el organismo que decide sobre la materia. Colau ha explicado que hace un año se descartó la petición "porque los hechos eran muy recientes", y ha convenido con la concejal de ERC Montserrat Benedí que los hechos ocurridos en la consulta del 1 de octubre son históricos independientemente de la ideología política.

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