Gobierno y Generalitat pactan reactivar parcialmente la ley catalana antidesahucios

Las normativas catalanas antidesahucios que el PP había recurrido parcialmente ante el Tribunal Constitucional serán reactivadas parcialmente tras un acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat. Así lo anunció ayer el consejero de Territorio y Sostenibilidad del Govern, Damià Calvet. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin embargo, mantendrá el recurso respecto a dos puntos de la ley 24/2015 y por lo tanto el Constitucional tendrá que pronunciarse sobre su legalidad. El pacto entre ambas Administraciones reactiva medidas como el realojamiento por parte los bancos de las familias desahuciadas.

La retirada de recursos sobre estas leyes de carácter social era una de las peticiones hechas por el Gobierno de Quim Torra en el marco de la negociación con Sánchez. Esta ley había surgido de una Iniciativa de Legislación Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la semana pasada varios colectivos y entidades reclamaron al PSOE que retirara completamente el recurso, tal y como se había comprometido.

Los equipos jurídicos del ministerio de Política Territorial y del departamento de Territorio y Sostenibilidad negociaban desde hace semanas un acuerdo interpretativo para poder desbloquear la ley. El anterior Gobierno del PP recurrió la parte referente a los desahucios de la norma por considerar que invadía competencias del Estado en tanto incluía cambios en los mecanismos judiciales vinculados a los desahucios y en la regulación del derecho de propiedad.

Calvet lamentó que no se pudiera pactar una retirada total del recurso pero puso en valor que se recuperara un aspecto que considera fundamental en la asistencia a las familias desahuciadas: la obligación de que los bancos tengan que ofrecer un alquiler social a los afectados por la ejecución hipotecaria. La Generalitat también podrá desarrollar mecanismos para mediar en el caso de desalojo y podrá expropiar temporalmente viviendas de grandes tenedores que lleven dos años vacías.

Esto implica, a la práctica, que la entidad bancaria permita que la familia se quede siempre y cuando pague un alquiler social. El acuerdo interpretativo con el Gobierno pasa entonces porque la Generalitat desarrolle una normativa que establezca una escala de precios.

Respecto a la expropiación, el Tribunal Constitucional ya ha ido levantando progresivamente vetos a leyes similares en Extremadura o Valencia, aceptando la expropiación temporal por causas de interés social y ubicadas en poblaciones con necesidades residenciales acreditadas. Con todo, el Gobierno de Sánchez sí mantendrá el recurso sobre las subrogaciones de hipotecas y las daciones en pago. Es el Consejo de Ministros el que debe dar luz verde a la retirada parcial del recurso, algo que las partes esperan suceda en noviembre, previa formalización en la subcomisión bilateral Estado-Generalitat.