Condenado a 26 años un educador que abusó de cuatro mujeres con discapacidad intelectual

La Audiencia de Girona ha condenado a 26 años y medio de cárcel a un educador de una residencia para personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta de Llorà (Girona) que entre finales de 2012 y hasta que lo averiguaron en abril del 2014, abusó sexualmente de cuatro internas. La sentencia considera probado que el procesado se valió de su condición de educador con contacto diario con las internas y de la “autoridad” que le daba, para buscar víctimas "especialmente confiadas e influenciables” y generar expresamente sentimientos de enamoramiento para que accedieran a tener relaciones sexuales con él.

El fiscal calificó los hechos de cuatro delitos continuados de abuso sexual con acceso carnal y pedía siete años para cada uno de los cuatro delitos. La sentencia de la sección tercera de la Audiencia de Girona, de la que ha sido ponente la Magistrada Fátima Ramírez, le condena a ocho años por cada uno de los abusos sexuales continuados a tres de las mujeres y a dos años y medio por el abuso sin acceso carnal a una de ellas, ya que considera que en su declaración entraba en varias contradicciones y “no había quedado acreditado el acceso vaginal ni bucal”.

El acusado trabajaba de forma parcial en el centro y en febrero de 2013 fue contratado como auxiliar técnico educativo a jornada completa. Su función era “el cuyo cuidado, vigilancia y protección de las internas”, sin embargo, dice la sentencia, se aprovechó que la discapacidad que padecían las hacía confiadas e influenciables. Asimismo, argumenta que disminuía su capacidad para desarrollar estrategias defensivas y de enfrentamiento para tener relaciones sexuales de forma simultanea con tres de ellas e hizo tocamientos a una cuarta mujer.

El acusado mantenía las relaciones sexuales con las víctimas sin protección, y a cualquier hora del día o por la noche y en diversos lugares, en las habitaciones, a la cocina, los lavabos del vestuario de educadores, o del pabellón, de bares o de tiendas de “chinos”. Todo ello, tras falsas declaraciones de amor o haciéndoles creer que eran novios. De la misma manera consiguió que le hicieran felaciones. Les pedía fotos desnudas y masturbándose y él les mandaba vídeos del mismo tipo, diciéndoles que tras verlos los borraran, cosa que no hicieron.

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Sus víctimas, todas diagnosticadas en mayor o menor medida de retrasos mentales, alteraciones de la conducta, emocionales o trastornos de personalidad o alimenticios, fueron declaradas incapaces en 2001, 2006, 2008 y 2012. Por ello, fueron sus tutores legales y la titular de la residencia quienes presentaron denuncia en los juzgados de Girona el 6 de junio de 2014 tras tener conocimiento de los hechos entre el 17 abril y el 28 de mayo.

Para corroborar que existieron las relaciones el tribunal se ha basado en diversas pruebas. Ninguna tenía motivos para ir en contra de él; existían SMS de tipo amoroso y sexual –con fotos–; una testigo le vio entrar de noche en las habitaciones; una carta de una de ellas en la que cuenta su relación, u otra de ellas explica que se las “follaba a otra interna y a ella misma” y la queja de la directora por ser “excesivamente cariñoso con las internas”.

Aunque estas relaciones sexuales fueron aparentemente consentidas, la sentencia concluye que “no es un consentimiento válido” porque "no fue prestado libremente sino que fue obtenido por el acusado aprovechándose de su situación de superioridad, tanto por su condición de educador del centro que las hacía estar sometidas a su control y autoridad, como por sus discapacidades intelectuales que, a pesar de ser capaces de conocer y decidir su comportamiento sexual, tenían limitado su autodominio y su patología las hacía manipulables”.

La sentencia también le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de ellas en 10 años, le impone 27 años de libertad vigilada y que las indemnice con 6.000 euros a tres de ellas y con 4.000 a la cuarta.