La consejera de Justicia del Gobierno valenciano: “El sistema falló en Castellón”

Para la consejera de Justicia, Gabriela Bravo, el asesinato de Nerea y Martina, de seis y tres años de edad por parte de su padre, ha sido un fallo del sistema. “No nos podemos permitir el fracaso de la justicia. Cada muerte es un fracaso del sistema y no podemos mirar hacia otro lado”, ha indicado Bravo, que ha reconocido que durante el pasado año ningún órgano judicial solicitó el informe de valoración forense de riesgo, recurso al que pueden acceder todos los implicados en un proceso de violencia de género; desde el juez al fiscal, pasando por el personal de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD).

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En el crimen de Castellón, la juez basó su decisión en una valoración policial, realizada mediante un breve cuestionario tipo que calificaba de bajo el riesgo. “La culpa es de todos, una mujer ha acudido a la justicia para solicitar el amparo y no hemos sabido protegerla frente a su agresor”, ha reiterado la consejera, que ha señalado que es necesario implantar y fomentar la elaboración de este tipo de informes integrales en los procedimientos penales y civiles de la violencia género.

Con la participación de médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, el informe lo deben hacer las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI), escasamente implantadas, ha apuntado la responsable de Justicia, que ha avanzado que reforzará estas unidades de evaluación para evitar que la falta de medios no sea la excusa que justifique el "insignificante" número de informes de evaluación de riesgos que se piden. 

La valoración de riesgo integral permitirá, en los casos que sea necesario,  reconocer la peligrosidad del agresor, y, también, la vulnerabilidad de la víctima, algo que con la valoración policial no ocurre. Bravo considera imprescindible potenciar las UVFI, dotándolas de los medios personales y materiales necesarios, con un forense de guardia las 24 horas. 

La titular de Justicia también ha anunciado que el Consell ampliará las red de las OAVD hasta que se logré disponer de una cada uno de los 36 partidos judiciales. 

Otro aspecto importante a corregir es la asistencia a las víctimas desde el inicio del proceso. “La mujer no debe estar sola cuando tiene que responder a un cuestionario cuyas respuestas determinarán el riesgo alto, medio o bajo. Han muerto muchas mujeres por esas valoraciones y eso demuestra que el sistema necesita revisarse y mejorar", ha explicado Bravo. La consejera ha criticado que se deje en manos de la víctima la evaluación propia del riesgo y de las características del maltratador. Bravo es partidaria de una asistencia psicológica desde el inicio para que ayude y facilite a la víctima los trámites, y, además, valore para que su informe pueda ser incorporado al atestado. También considera necesario crear una jurisdicción especializada en violencia de género, como existe en materia de delitos económicos o corrupción.