Gabriela Bravo: “En Valencia no hay un pacto radical sino de izquierdas”

Gabriela Bravo (Ràfol de Salem, Valencia, 1963), fiscal y exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, es una de las dos consejeras independientes del Gobierno valenciano que integran los socialistas y Compromís. Propuesta a instancias del PSPV-PSOE, Bravo fue dirigente de la Unión Progresista de Fiscales y representa uno de los perfiles más institucionales del Consell.

Pregunta. Usted declaró hace poco que la financiación había que resolverla en el plano político y que llevar al Estado a los tribunales sería "un síntoma de irresponsabilidad”. El presidente valenciano, Ximo Puig, le ha pedido después que haga eso. ¿Qué tiene que decir?

Respuesta. Sigo manteniendo lo mismo, pero creo que es importante explicar mi frase. Lo que me parece una irresponsabilidad es que el Gobierno permita que se lleve al Estado a los tribunales. El presidente Puig está intentado por distintas vías la negociación y el diálogo con el Gobierno central. Ha pedido una entrevista con el presidente del Gobierno, ha pedido una cumbre de presidentes para abordar el problema de la infrafinanciación, y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteó el tema. Pero, obviamente, si no hay contestación y no se da una solución al problema del déficit de la Comunidad Valenciana, no nos podemos permitir dejar de prestar los servicios básicos el próximo ejercicio. Lo que me ha pedido el presidente es que se estudie la posibilidad de abrir un procedimiento judicial. Y eso es lo que vamos a hacer.

P. ¿Cree que un órgano judicial puede arbitrar una reclamación de ese tipo?

R. No voy a anticipar nada, vamos a estudiar qué viabilidad hay de reclamar por la vía judicial la discriminación de la Comunidad Valenciana respecto al resto.

P. Los partidos que forman el Consell prometieron en elecciones una agenda social como alternativa a los recortes. El Ejecutivo autonómico ha devuelto la sanidad a los sin papeles, ha ampliado los comedores escolares para niños sin recursos, ha anunciado que reabrirá Canal 9… ¿Cómo van a pagarlo si no aumenta la financiación o hasta que lo haga?

"Si no podemos afrontar los servicios esenciales, la responsabilidad no sería de este Gobierno"

R. Si no se corrige el déficit no vamos a poder afrontar todos esos servicios básicos y tan esenciales para el ciudadano, porque prima hacer frente a la deuda. Y los recursos que quedarían para afrontar las necesidades del servicio público serían muy pocos. El perjudicado sería el ciudadano, que ya paga más por los servicios públicos que en el resto del territorio español.

P. ¿Le preocupa que al Gobierno valenciano le pase como en cierta forma les ocurrió al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y al presidente griego Alexis Tsipras, que las circunstancias les lleven a incumplir su promesa de expansión del gasto público?

R. Podría plantearse un escenario, que no queremos ver, de no poder afrontar el pago de los servicios públicos esenciales. Pero la responsabilidad no sería de este Gobierno. La deuda de la Comunidad Valenciana no deriva solo de la mala gestión económica y la corrupción, sino del déficit en la financiación. Estamos los últimos. Esta es la causa de que estemos con una deuda de casi 40.000 millones de euros.

P. El PP acusa a los socialistas de haber pactado en la Comunidad Valenciana con radicales, en referencia a Compromís y Podemos. ¿Qué opina?

R. A mí me parece que aquí hay un pacto de la izquierda. Y yo no suelo llamar radical a la izquierda. Sin perjuicio de que podamos tener en algunos aspectos planteamientos distintos. Creo que hay un amplio sector de la sociedad valenciana que ha pedido un cambio y los votos nos han llevado a este Gobierno.

P. ¿Ve extrapolable un pacto como el valenciano al Gobierno tras las elecciones generales?

R. Pues es posible que nos encontráramos también con ese escenario.

P. ¿Cómo de complicado está siendo trabajar en un Gobierno bipartito?

R. Lo que he percibido hasta ahora es mucha voluntad por dar una respuesta a los problemas de esta comunidad y entusiasmo por cambiar las cosas.

P. ¿Qué va a hacer su Gobierno para que no se produzcan casos de corrupción como los que afectaron a Ejecutivos valencianos anteriores?

R. Este Gobierno apuesta por la transparencia. Tenemos una Consejería de Transparencia. Los miembros del Consell están muy sensibilizados y está abordando iniciativas para mejorar los controles, una mayor participación y una mejor comunicación hacia los ciudadanos.

P. ¿Pilar de la Oliva debería ser relegida presidenta del Tribunal Superior valenciano?

R. No me corresponde decidirlo a mí, sino al Consejo General del Poder Judicial. Me parece que la presidenta está actuando con mucha profesionalidad pero es una decisión que no debo valorar.

P. ¿Era Fernando de Rosa la persona idónea para presidir la Audiencia de Valencia habiendo sido anteriormente consejero en el Gobierno valenciano de Francisco Camps?

"La gente no entiende que Enrique López forme parte del tribunal que tiene que enjuiciar el caso Gürtel"

R. Mérito y capacidad tenía. Poco puedo añadir. Al margen de las apariencias, que también son muy importantes, tiene una larga trayectoria tanto en la jurisdicción como de gestión.

P. ¿Entendería que en el futuro se cuestionara su independencia por haber sido consejera?

R. Yo entendía que se planteara la posible falta de apariencia de imparcialidad con el presidente de la Audiencia de Valencia con el juicio del caso Emarsa. Aunque considero que es un buen profesional y que en su interior decidiría con arreglo a derecho, haber mantenido relaciones por sus otros cargos con el ámbito político genera apariencia de falta de imparcialidad ante el ciudadano. Él renunció al caso Emarsa y me pareció una buena salida porque parte de la sociedad no hubiera entendido lo contrario. Como la gente tampoco entiende que Enrique López y una vocal del consejo [del Poder Judicial, Concepción Espejel, elegidos a propuesta del PP] formen parte del tribunal que tiene que enjuiciar el caso de la caja B o el caso Bárcenas, de Gürtel. Si yo volviera al ámbito de la jurisdicción, podría tener el mismo problema, pero no significa que no podamos volver. Somos profesionales. Lo que tenemos que hacer es establecer mecanismos. El catálogo de recusación desde mi punto de vista es escaso. Pero tenemos una buena doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.