La Comunidad de Madrid exige saber cuánto ganan los mendigos para descontarlo de sus ayudas

La Comunidad de Madrid está preguntando a personas sin techo cuánto ingresan por practicar la mendicidad, cantar en el metro o recoger chatarra. Los solicitantes de la Renta Mínima de Inserción (RMI) —de 400 euros— se encuentran con la sorpresa de que deben presentar una declaración jurada de sus beneficios en la calle, como si fuera un trabajo corriente. Ante el temor de quedar expulsados del trámite, acaban por declarar una cantidad al azar que después se les descontará con creces de la prestación.

Quienes viven en la calle se ven sumergidos con este requerimiento en un enredo burocrático para tratar de cobrar el subsidio que garantiza unos ingresos mínimos a quienes no los tienen. Los pobres tienen que demostrar que lo son hasta las últimas consecuencias.

En un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, fechado el 20 de agosto, la Dirección General de Servicios Sociales le da a un mendigo un plazo de 10 días para que cuantifique sus ingresos mensuales. La cantidad que declare se le computará, como se especifica en la ley, como mínimo al 70% del importe vigente del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (376 euros).

Eso quiere decir que si un mendigo asegura que trabaja unas 20 horas a la semana (media jornada laboral) y saca unos 100 euros al mes, la administración interpretará que ingresa 190 euros, que se le descontarán de los 400 que podría llegar a recibir. Las organizaciones que luchan contra la exclusión social dicen que se trata de una manera de fiscalizar a los más necesitados, alargar el trámite para cobrar la renta y, de paso, descartar candidatos.

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La Consejería de Políticas Sociales, a través de una portavoz, explica que quieren saber cuánto ganan porque así lo recoge el decreto por el que se rige la RMI. Según el Gobierno regional, esto se lleva preguntando "desde siempre": "Por ejemplo, un chatarrero que declara ganar 100 euros al mes, con unas tablas de las que se dispone se le calcula la RMI. Si al mes siguiente esa persona declara que ya no gana ese dinero, se le vuelve a calcular la RMI respecto a su nueva situación económica y familia", abunda la portavoz.

Los responsables de las organizaciones que trabajan directamente con los sin techo consideran que se trata de un uso abusivo de la ley. Esta indica, literalmente, que en el supuesto de que haya ingresos que no se puedan computar se presentará una declaración jurada de los ingresos obtenidos en el último mes. En ese escrito deben hacer constar el número de horas y de días que dedican a esas actividades. Como cualquiera que va al tajo.

Luis Sáenz, de la asociación RMI Tu Derecho, explica que la Administración pregunta a las personas sin ingresos ni ahorros cómo han logrado mantenerse hasta ese momento. "Insinúan que si no declaran ningún tipo de ingreso es que los tienen pero los ocultan". Es habitual que el afectado, por temor a que no le concedan la ayuda, diga, aunque sea mentira, que pide en la calle, que toca en el metro o recoge ferralla para vender a un chatarrero. De alguna manera ha tenido que subsistir.

"Entonces es cuando se hace un uso torticero del reglamento. Esa declaración de ingresos está pensada para actividades económicas sumergidas, en negro, sin registrar en seguridad social o IRPF, pero se están metiendo ahora estos tipos de actividades de mera supervivencia que difícilmente pueden considerarse económicas", se queja Sáenz.

Ignacio, de 49 años, se dio de bruces con este muro burocrático. Vive en la calle desde 2010. Duerme durante el verano en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu y los inviernos los pasa en un albergue. Se dedicó durante un tiempo a cuidar a personas mayores pero poco a poco dejaron de llamarle y hace mucho que no tiene empleo. La primera vez que tramitó la renta le dijo a su trabajadora social que recogía chatarra. Ignacio, nombre ficticio, sacaba entre dos y tres euros al día. Reconocer aquello solo le trajo problemas a la hora de la tramitación. Dejó morir aquel proceso que veía condenado al fracaso e inició otro en el que simplificó las cosas. "Ni chatarra ni chatarro. Pobre y punto".

Ignacio no tiene mayores pretensiones: "Quiero 400 euros para alquiler una habitación, pagar el abono y vivir como una persona normal y corriente".

Desde la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza entienden que el Gobierno regional está aplicando la ley de forma restrictiva. "Entendemos que la normativa se está utilizando para inspeccionar la vida de los pobres en vez de ayudarles a mejorar su situación. Entramos en situaciones absurdas como esta de pedirles cuánto ganan pidiendo en la calle. Da vergüenza", dice Ángel Hernández, coordinador de la red.