Educación

El incremento de la escolarización fuera de plazo desborda a la Comunidad

Educación atribuye a la llegada de emigrantes que haya tenido que aumentar el número de alumnos por clase

Inauguración del curso escolar en un colegio madrileño.
Inauguración del curso escolar en un colegio madrileño. JULIAN ROJAS

Casi 11.000 estudiantes han solicitado su escolarización fuera de plazo en la Comunidad, disparando un 27% la estadística con respecto a 2017, según la consejería de educación. Esas cifras, que el Ejecutivo explica con la llegada “masiva” de emigrantes africanos y americanos en julio, agosto y septiembre, han servido como justificación para incrementar el número de alumnos por clase (de 25 a 28 estudiantes). La oposición y los sindicatos consideran “ilegal” la medida, critican que se vincule a la emigración y acusan al Ejecutivo de falta de planificación.

Los centros de apoyo a la escolarización más importantes de la Comunidad vivieron escenas de tensión a principios de septiembre. Colas. Protestas. Tiras y afloja sobre la documentación necesaria para lograr un colegio fuera del periodo ordinario de solicitud. Solo en la dirección de área territorial de la zona de la capital hubo 4.055 peticiones de escolarización fuera de plazo, 1.288 más que en 2017 (un incremento del 46,5%). El conjunto de la región sumó hasta la pasada semana 10.971 solicitudes, 2.358 más que el curso previo, un aumento del 27,4%, según datos de la consejería. Cifras que previsiblemente aumentarán durante lo que queda de mes. Y con ellas, el choque frontal entre el Gobierno, la oposición y los sindicatos.

“Solo podemos manifestar nuestro agradecimiento por el trabajo que estáis haciendo para garantizar la escolarización en unas circunstancias que no están siendo las mejores”, se lee en un email enviado el 7 de septiembre por la consejería de educación a los presidentes y técnicos de los servicios de apoyo a la escolarización (SAES). “En centros públicos es posible por escolarización extraordinaria, en caso de ausencia de vacantes y solo en las circunstancias definidas para ello, aumentar ratios hasta 28 [alumnos] en educación infantil y primaria desde el Servicio de apoyo, contactando y verificando con los centros la situación de matrícula”, sigue. Y sobre los momentos de tensión vividos, subraya: “Si persiste la necesidad del servicio de guardia de seguridad para la próxima semana debe especificarse dicha necesidad y los días que se consideran imprescindible al correo (...)”.

La ley permite aumentar un 10% el número habitual de alumnos por clase —de 25 a 27 o 28, según la interpretación— en función de “circunstancias sobrevenidas”.

¿Qué ha ocurrido que no fuera previsible y justifique la decisión del Gobierno? “Una llegada masiva de menores inmigrantes” en verano, según el Gobierno. “Está provocando largas colas en los SAES de la Comunidad, principalmente por la llegada de ciudadanos africanos y venezolanos”, argumentan desde la consejería de educación, donde se admite que ha habido que reforzar el personal de los centros para atender al incremento de la demanda. Una explicación que ha soliviantado a la oposición y a los sindicatos.

“¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿De qué manera?” Que demuestren con datos esa situación sobrevenida”, dice Eduardo Fernández Rubiño, diputado de Podemos, sobre unas cifras que la Comunidad no desagrega por nacionalidad ni país de origen. “Según los propios datos del Observatorio de la inmigración de la Comunidad, no hay ninguna circunstancia imprevista en este momento”, añade. “El PP de Pablo Casado está alimentando otra vez la xenofobia para evitar hablar de su incapacidad de gestión”, opina. “En cualquier caso, si ese es el argumento, estaría bien preguntarse por qué el porcentaje de alumnos inmigrantes en colegios concertados sigue siendo sensiblemente menor que en la educación pública, tal y como denunció Save the children”.

Una decisión “ilegal”

“Es un pretexto”, coincide Isabel Galvín, secretaria general de enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. “¿Y si fuese así?”, se pregunta. “La orden que han dado y la masificación es ilegal”, añade, argumentando que la disposición de la consejería sobre los ratios de alumnos es general y no puntual; y que va dirigida a todos los centros y a cada uno de sus cursos, sin discriminar en función de cada caso concreto. “Inmigrantes y no inmigrantes tienen que ser escolarizados respetando la norma”, reclama. “Y los inmigrantes a los que se refieren ya estaban en junio”.

“Hay una falta completa de previsión y una pésima planificación porque no se hace lo que hay que hacer: abrir aulas nuevas”, coincide Juan José Moreno, portavoz de educación del PSOE. “Todos los años les pasa igual, saben que en septiembre hay una escolarización alta, por gente a la que se le ha olvidado, no por una situación sobrevenida”, prosigue. “Les ha pillado el toro”, subraya. “Y no puede ser que lo arreglen saturando las aulas. Si saben que hay barrios en los que en septiembre siempre aumenta la gente, deben cerrar las aulas con 23 alumnos y así dejar un hueco”.

“Los problemas de masificación no son nuevos”, recuerda Mayte de la Iglesia, de Ciudadanos. “Son fruto de la falta de planificación y de la incapacidad para gestionar adecuadamente los recursos públicos humanos y materiales por parte del gobierno regional”.

Mientras la polémica crece, el problema se mantiene: las familias que llegan a Madrid, o las que olvidaron hacer la gestión, buscan colegio para sus hijos.

FAPA denuncia cuotas de hasta 200 euros en concertada y subidas del 6% en un año

La FAPA Giner de los Ríos asegura que los nuevos colegios concertados -construidos en los últimos quince años con cesión de suelo público- cobran a las familias cuotas mensuales de entre 89 y 201 euros por una enseñanza que debería ser gratuita, y que además subieron este curso un 6% respecto al anterior.

La FAPA ha anunciado que presentará una denuncia administrativa ante la Consejería de Educación para reclamar una inspección a estos centros de la "nueva concertada", impulsada en la etapa de Esperanza Aguirre, de los que "un 92% plantean los pagos con carácter obligatorio, pese a que legalmente son voluntarios".

Un 28% de los alumnos cuyas familias no pueden pagar "sufren exclusión" de las actividades del centro, según el informe encargado por la FAPA, que halló "casos claros de discriminación" por el impago de las cuotas, y diferentes "niveles de presión" a las familias para que paguen.

De ahí que la FAPA se reunirá esta tarde con el Ministerio de Educación para exponer la vulneración de derechos por parte de estos colegios, a los que la Consejería había abierto una investigación y después la archivó, según el presidente de la FAPA, Camilo Jené.

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