Política, leyes y desahucios

La política proporciona a veces sorpresas agradables que ni siquiera logran eclipsar soberbios y mentirosos comparecientes ante comisiones de investigación parlamentarias. El pasado martes 18, después de una mañana desagradable y altanera, el Congreso de los Diputados admitió a trámite la proposición de ley de la Vivienda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Las buenas noticias para ese eslabón débil, del que forman parte esas 700.000 familias que han perdido su hogar por ejecución hipotecaria desde el inicio de la crisis, no acabaron ahí. Apenas 24 horas después, el miércoles 19, el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba en la Comisión de Urbanismo obligar a los promotores inmobiliarios a destinar a vivienda asequible el 30% de los pisos que construyan. En ambos casos, los votos de la izquierda fueron la argamasa que permitió levantar ese acuerdo que presta oídos a la emergencia habitacional.

Por lo que respecta al Congreso de los Diputados, ley de la PAH cuenta con una larga historia, pues la mayoría absoluta del PP evitó en 2013 que esta proposición en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por 1,5 millones de firmas fuera tomada en consideración. En enero de 2018, el PP con el apoyo de Ciudadanos barró el paso nuevamente a la iniciativa con el argumento de que era inasumible, pues el propio Gobierno estimaba un coste de 90.000 millones de euros en 20 años (llevamos 60.000 gastados en el rescate bancario en 10 años). El texto ahora respaldado por PSOE, Podemos y sus confluencias, Esquerra Republicana, Compromís y EH Bildu, después de que el Constitucional obligara a levantar el veto del Gobierno del PP, propone cinco ejes: dación en pago retroactiva; moratoria indefinida para todos los desahucios sin alternativa habitacional; establecimiento de índices de referencia de precios para el alquiler (ahora libre); utilización de casas cerradas injustificadamente por grandes tenedores de parque público y garantía de acceso a los suministros básicos de agua, luz y gas.

El PNV expuso sus reparos al texto de la PAH por lo que de invasión autonómica suponen estas medidas. Una actitud muy formal y timorata fundamentada en que cualquier intento de paliar el drama de los desahucios ha sido sistemáticamente recurrido por el Gobierno central. Así ha sucedido con leyes de Andalucía, Cataluña, Navarra, Canarias, País Vasco, Aragón, Murcia, Extremadura o el País Valenciano. Los argumentos competenciales le han servido al Gobierno central del PP para embozarse en lo que en la práctica ha supuesto defender viejos privilegios.

En Cataluña, por su parte, el cambio de tercio del autonomismo al independentismo ha movido a la vieja Convergència a adaptarse parcialmente a los nuevos tiempos. La ley de Vivienda catalana lleva 11 años de existencia sin un reglamento que la desarrolle. El profesor Juli Ponce, director del Instituto de Investigación TransJus de la Universidad de Barcelona, lo recuerda en uno de los artículos que integran un estudio -coordinado por el Observatorio DESC y TransJus a propósito de la citada ley- y sostiene con datos del Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares que mientras en Europa el concepto vivienda, dentro de gastos de protección social, suponía en 2011 un 2,1% (0,6% del PIB), ese mismo año en Cataluña no pasó del 0,73% (0,1% del PIB). A ello hay que añadir, según la Mesa del Tercer Sector, que las prestaciones permanentes al alquiler además de insuficientes redujeron el número de beneficiarios de 29.000, en 2010, a 19.000, en 2013. Estas rebajas contrastan con el aumento de presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona que con Ada Colau ha multiplicado por cuatro el presupuesto entre 2015 y 2017 (de 45 a 160 millones).

¿Será un problema de voluntad política? Probablemente. Con la llegada al poder de Convergència -versión 2010, derecha catalana de toda la vida- un 20% de la ley del Derecho a la Vivienda aprobada por el Tripartito fue desactivada: quedó sin vigencia la medida "soviética" de expropiación temporal de los pisos vacíos (que se aplica en buena parte de Europa); desapareció la obligatoriedad de reserva de vivienda protegida en suelo urbano consolidado.

Ahora la vieja CDC , trasmutada en PdeCat, tiene la posibilidad de redimirse. En el Congreso ya ha dado luz verde a la propuesta de la PAH y en Cataluña debe poner su reloj en hora y sumarse a la iniciativa de las entidades sociales, que ha salido adelante gracias a los votos de Barcelona en Comú, PSC y Esquerra. Pero una cosa es España y otra muy distinta esa República catalana donde gobiernan. El Ejecutivo de Torra puso el pasado viernes serios reparos a la propuesta apoyada por la izquierda municipal. Malos augurios. Parece que continuará la deserción histórica de la derecha catalana en la defensa de los intereses de la ciudadanía más baqueteada por la crisis.