La acampada secesionista de la plaza Sant Jaume enfrenta a Torra y Colau

Una treintena de personas llevan desde el 11 de septiembre acampados en la plaza de Sant Jaume de Barcelona frente a la Generalitat. Pretenden seguir allí hasta “que se haga efectiva la república catalana”. La protesta ha contado con el apoyo y la felicitación del president Torra, pero al realizarse en la vía pública es responsabilidad del Ayuntamiento. Las ordenanzas barcelonesas son claras y no permiten acampar en el espacio público. El dilema con el que se enfrenta Colau es que el viernes comienzan las fiestas de la Mercè y el protocolo de seguridad hace incompatible la acampada con el escenario de la fiesta situado en Sant Jaume. Si los acampados no abandonan el lugar, Colau tendrá que recurrir a la Urbana para desalojar la zona.

Decenas de personas iniciaron una acampada en la plaza Sant Jaume la tarde de la pasada Diada minutos después de que la manifestación de la izquierda independentista anticapitalista recorriera el centro de Barcelona.

Tan solo unas horas después de la ocupación —al principio discreta—, la misma mañana del 12 de septiembre el president Quim Torra bajó de su coche oficial y animó y felicitó a los concentrados por la iniciativa. Después de Torra fueron otros miembros del gobierno —la consejera de Justicia, Ester Capella, el consejero de Trabajo, Chakir el Homrani, y la consejera de Agricultura, Teresa Jordà— los que animaron a los manifestantes a continuar con la protesta.

El domingo, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) evitaron que una manifestación a favor del español en las escuelas catalanas accediera a la plaza Sant Jaume. Los acampados se convirtieron en el centro de la contramanifestación independentista orquestada para boicotear la protesta contra la escuela catalana. Los campistas comenzaron a crecer en número. Fueron apoyados por políticos y aplaudidos por decenas de simpatizantes de las formaciones secesionistas. La acampada llegó hasta la mitad de la plaza. Según algunos de los integrantes de la protesta, la iniciativa coincide perfectamente con el llamamiento que realizó este fin de semana el propio Torra cuando emplazó a los catalanes a “encender pacíficamente, democráticamente, no violentamente” Cataluña en las próximas semanas y meses.

La acampada se ha hecho tan grande que se ha convertido en un problema para aquellos que no la alentaron: el equipo de gobierno de Ada Colau. El departamento de Interior aseguraba ayer que la acampada no es competencia de la Generalitat ya que, según una portavoz, “no es una manifestación sino una protesta que se ha extendido durante varios días ocupando la vía pública de la ciudad de Barcelona”.

El Ayuntamiento se encuentra con la responsabilidad de gestionar una ocupación que, ente otros, ha alentado el propio Torra. Acampar en la vía pública en la capital catalana supone una infracción de las ordenanzas municipales y es sancionable con una multa de hasta 500 euros.

Fuentes cercanas al equipo de Colau descartan, por el momento, sancionar a los acampados pero lamentan que se encuentran ante un verdadero dilema. Las fiestas de la Mercè comienzan el viernes y la plaza Sant Jaume es uno de los escenarios principales de la celebración. La Guardia Urbana desalojará la acampada en los próximos días amparándose en que la protesta representan un riesgo para la seguridad de los que participen en la fiesta mayor de Barcelona.

No es la primera ocasión que la Urbana desaloja una acampada de este tipo. El pasado 18 de abril, los agentes obligaron a marcharse de plaza Cataluña a decenas de personas que llevaban más de 70 días acampados exigiendo la presidencia de la Generalitat para Carles Puigdemont. El desalojo fue fundamentado en los motivos de seguridad: en aquella ocasión la Diada de Sant Jordi.