El Govern impulsa una comisión de la verdad sobre la Transición

El Gobierno de la Generalitat aprobó ayer el inicio de los trámites para impulsar una ley que supondrá la creación de una comisión de la verdad que “estudiará, aclarará y cuantificará los crímenes de lesa humanidad” cometidos durante la guerra civil, la dictadura y también la Transición democrática en Cataluña. La consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, explicó que “la Transición no se ha acabado de esclarecer, se tiene que aportar luz a unos hechos muy relevantes y que tuvieron muchas consecuencias, por lo que no nos podemos parar en 1975”, el año de la muerte de Franco.

Artadi no quiso precisar hasta qué fecha deberían limitarse los trabajos de esa comisión de la verdad y se remitió a la tramitación de la ley. El Gobierno catalán dio ayer el primer paso al aprobar la memoria preliminar del anteproyecto que derivará en una ley integral de memoria democrática. Ese texto armonizará en una sola las tres leyes aprobadas por el Parlament: La Ley de Fosas (2009), la de reparación jurídica (2017) y la del memorial democrático, de ese mismo año.

El anuncio de la Generalitat para impulsar esta comisión de la verdad de ámbito catalán desde el departamento de Justicia se produce apenas 11 días después de la polémica generada sobre el uso que se daría al Valle de los Caídos y el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear una comisión de la verdad sobre la guerra civil y la dictadura, compuesta por expertos independientes, historiadores y hasta representantes de la ONU.

El historiador Joan Esculies expresó ayer a EL PAÍS sus reservas, tanto con la iniciativa del Gobierno español, como con la de la Generalitat. “El objeto de la comisión de la verdad es básicamente que el pasado no condicione el futuro de un pueblo y eso no tiene sentido ahora ni en Cataluña ni en el resto de España, como sí lo tuvo en Suráfrica en su día o como lo puede tener en Colombia”, aseguró.

Esculies recordó que una comisión de la verdad reúne a víctimas y verdugos para lograr el perdón mutuo y se preguntó qué se pretende realmene con esas comisiones. En su opinión no es conveniente ni deseable que se establezca un relato único de la historia porque “existen varias versiones del pasado”. Otra cosa sería, añadió Esculies, que se ayuden a abrir las fosas y se repare aunque sea parcialmente el dolor de las víctimas.

Retirada de símbolos

Artadi apuntó que los departamentos de Justicia y de Enseñanza estudian la incorporación de esa “memoria democrática” en el currículum educativo, así como la formación específica de los docentes en esta materia. La ley, según la portavoz, facultará además a la Generalitat a retirar la simbología franquista de las calles, anular condecoraciones y modificar el nomenclátor (algo que, en gran medida y desde 2007, ya permite la actual ley de memoria histórica, de ámbito español). Artadi aseguró que en Cataluña hay aún más de 20.000 desaparecidos de la guerra civil española.