Un grupo de empleados de la Generalitat demandará a España por su despido

La ofensiva judicial del independentismo no solo mira al futuro con la demanda contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena todavía pendiente de resolución. Un grupo de 19 trabajadores de la Generalitat despedidos de sus cargos como consecuencia de la aplicación del artículo 155 denunciarán a España por considerar ilegal esa decisión. Su abogada, Silvia Requena, ha señalado que el caso puede llegar a la justicia europea. Los empleados cesados reclaman compensaciones económicas por los meses que no han trabajado y por los daños morales sufridos, pero sobre todo buscan dar un varapalo a la interpretación que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy de la aplicación del 155.

La puesta en escena se ha efectuado en la sede de la Generalitat en Bruselas. Ha sido así porque el expresidente Carles Puigdemont se ha reunido con una representación de los empleados cesados, a los que es cercano por ser parte del equipo en liza durante su mandato al frente del Govern. Junto a ellos, ha comparecido el consejero de Administración Pública, Jordi Puigneró, que ha cifrado en 242 los trabajadores cesados, sobre todo cargos de confianza del president o los consejeros. El personal eventual suele ser designado a dedo para formar parte integrarse en los departamentos de prensa, relaciones institucionales, el gabinete o trabajar como asesores.

La Generalitat estima que con el 155 dichos empleados fueron colocados en la diana injustamente y, aunque con la llegada al poder de Quim Torra casi la mitad de ellos ya ha vuelto a sus puestos, Puigdemont asegura que la denuncia busca "blindarles" en caso de que se activara de nuevo el artículo 155 en el futuro. "Su aplicación sobrepasa con creces lo que estipula la Constitución. No solo es ilegal , sino inconstitucional", ha opinado el abogado Jaume Alonso-Cuevillas.

Los letrados de los trabajadores están dispuestos a llegar al Tribunal de Justicia de la UE si el Supremo español, encargado de juzgar el proceso, no les da la razón. Junto a la vía legal, la Generalitat ha explicado que prepara "un libro negro sobre el 155", en el que recogerá todos los efectos negativos que, según estiman, ha causado su aplicación. "Entre los más afectados, además de los que estamos en prisión o en el exilio, hay un grupo de trabajadores que hacía su labor y de forma arbitraria han sido cesados de un día para otro", ha señalado Puigdemont.

El expresidente ha evitado cualquier autocrítica sobre su papel en la puesta en marcha del 155 situándose en el bando de las víctimas frente a los agresores. Y no ha querido pronunciarse sobre las palabras de Joan Tardà. "Sería ingenuo o estúpido si algún independentista cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta al 50% que no es independentista y es evidente que está absolutamente equivocado", dijo el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados.

Puigdemont sí se ha referido a la decisión del Gobierno de reforzar la seguridad durante la Diada. "Enviar 600 guardias civiles para cubrir una jornada que en todos los años anteriores ha sido impecablemente pacífica, de convivencia, sin ningún incidente. ¿Eso es señal de los nuevos tiempos?", ha criticado.