Colau pide ayuda a los Mossos para poner freno al ‘top manta’

Ortiz se estrenaba ayer como alcaldesa accidental con una de las crisis que se repite cada verano. Una agresión en la que están involucrados un grupo de manteros y la víctima, esta vez, es un turista. La teniente de alcalde sentenció: “Condenamos los hechos. Más allá de que sean puntuales o aislados, son inaceptables”.

La oposición acusó al equipo de gobierno de permitir que los manteros actúen impunemente. Las formaciones culparon a Colau de dar órdenes a los agentes de la Guardia Urbana para que no actúen contra los vendedores ilegales creando, así, un efecto llamada. Ortiz lo negó poniendo estadísticas sobre la mesa. El pasado 2017 la Guardia Urbana de Barcelona interpuso 70.000 sanciones a manteros por vender sin permiso en las calles de la capital catalana. Una cifra de multas que según Ortiz es muy similar a las impuestas este año. EL PAÍS ha preguntado al Consistorio cuántas de estas multas se han llegado a cobrar y fuentes del Ayuntamiento han admitidos que son “muy pocas”. La misma fuente destaca que los agentes, el pasado año, requisaron cerca de un millón de productos falsificados. Además, señaló que cuando los manteros venden productos piratas se les abre un proceso judicial encausándoles por delitos contra la propiedad industrial. Una estadística que realiza la autoridad judicial.

La alcaldesa accidental admite que la acción del Consistorio con los manteros es “limitada”. “Es un problema que no es solo de Barcelona, sino que es un fenómeno global que afecta a muchos municipios, especialmente del litoral de la costa catalana”, argumentó. Ortiz justificó que el Consistorio está en diferentes foros con otras administraciones intentando solucionar el problema “global” pero se defendió: “El Ayuntamiento de Barcelona ha destinado 12 millones de euros para las horas extra de los agentes de la Guardia Urbana debido a la falta de personal”. Ortiz reclamó “mayor esfuerzo económico y de recursos de todas las administraciones” y exigió “responsabilidad y lealtad institucional”.

De hecho, que no se iban a destinar más Mossos a la capital catalana. Ya lo anunció el propio consejero de Interior, Miquel Buch, tras la primera reunión con la alcaldesa en la junta de seguridad local celebrada a mediados de junio en el Consistorio. Pese a la negativa, Colau reclamó entonces más efectivos a un Buch que acababa de llegar a la consejería y que no dio su brazo a torcer.

La limitación de efectivos de Mossos es una decisión que repercute, entre otros, en el control del top manta y más desde que BComú impusiera en 2015 la orden que impedía a la Guardia Urbana realizar intervenciones de orden público.

Poco después de que Ada Colau llegara al Ayuntamiento, el intendente mayor de la Urbana, Evelio Vázquez, diseñó un protocolo que establecía directrices de actuación de los agentes con los manteros. La directriz se bautizó como Víctor Alfa y aconsejaba a los urbanos ponerse en contacto con los Mossos d’Esquadra siempre que en una intervención hubiera problemas de orden público. El protocolo apostaba por desgastar las zonas realizando patrullajes continuos en los lugares donde vendían los manteros para que se cansaran y abandonaran el lugar.

El desgaste no siempre funcionó. El 15 julio de 2016, tras meses de polémicas por la presencia de centenares de vendedores ilegales en la zona litoral de Barcelona los Mossos se plantaron en la explanada del paseo Joan de Borbó. Un lugar que se había convertido en un mercadillo ilegal cronificado.  

[Furgonetas y agentes de la policía autonómica con armas largas y vestidos de antidisturbios permanecieron en la explanada de Joan de Borbó en el barrio de la Barceloneta, y en la zona del Maremagnum, en jornadas que iban de nueve de la mañana a 21.30 horas de la noche. Los manteros desaparecieron de esta zona turística mientras desde la consejería de Interior se negaba que los policías estuvieran allí para impedir que se colocaran los manteros. Los sindicatos de los Mossos denunciaron que la Generalitat aseguraba que los agentes realizaban vigilancias estáticas vinculadas a la alerta terrorista cuando en realidad estaban allí para que no se colocaran los manteros.

Lo cierto es que tras el atentado, del pasado 17 de agosto, los Mossos desaparecieron de la Barceloneta y no han regresado jamás. El paseo Joan de Borbó ha vuelto a convertirse en un verdadero mercadillo ilegal de mil y un artículos: camisetas de equipos de fútbol, zapatillas deportivas, palos selfies, fruteros, juguetes e incluso calzoncillos. Todo falsificado.

A las 13.00 horas de ayer, decenas de manteros regresaban a la explanada de la Barceloneta. Los comerciantes, legales, no sólo protestan por la competencia desleal que suponen el top manta sino porque los turistas han cambiado su trayecto hacia la playa. Ahora siguen las mantas en lugar de los comercios del barrio marinero. Ayer uno de los manteros reclamaba dinero a otro vendedor ilegal para instalarse. Controlan zonas y entre ellos se cobran un impuesto ilegal.

Mientras, a la misma hora, José Bravo, el turista norteamericano que fue agredido el miércoles por un grupo de manteros en plaza Cataluña regresaba al lugar donde ocurrio el suceso. “Estaban atacando a una mujer blanca y yo, como americano, tengo la obligación de defenderla”, declaró Bravo a los medios. El turista mostró su rostro herido y aseguró que sus agresores habían intentado matarlo. Pese a ello, todavía no había interpuesto ninguna denuncia. “Barcelona se está convirtiendo en el tercer mundo. Culpo a los políticos por permitir que los ilegales se burlen de las leyes”, denunció después de afirmar que se disponía a informar a su embajada. Los Mossos han abierto una investigación para aclarar la agresión.