El Parlament frena que se investigue si los Mossos espiaron a constitucionalistas

La Mesa del Parlament, con mayoría independentista, paralizó ayer la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje cometido por los Mossos d’Esquadra a periodistas y políticos contrarios a la secesión. La oposición acusó a Junts per Catalunya y ERC de vetar el órgano, solicitado por todos los grupos salvo la CUP. Los independentistas alegan que el plan de trabajo que presentaron los comparecientes era tan minucioso que usurpaba la función de la comisión en sí.

El Pleno del Parlament ya rechazó hace un mes una resolución firmada por los tres partidos constitucionalistas —Ciudadanos, PSC y PP— y los comunes para constituir la comisión. Tras la votación, los cuatro grupos acordaron el pasado día 3 de julio crear la comisión que la Mesa, ayer, tras una larga reunión, frenó. Los independentistas sostienen que no rechazan que se cree pero que el plan de trabajo presentado es demasiado extenso y pormenorizado cuando el reglamento de la Cámara precisa que debe ser “básico”. El PSC registró una petición de reconsideración y Ciudadanos hará lo propio. En caso de ser desestimada, la formación naranja recurrirá de nuevo al Tribunal Constitucional al denunciar la vulneración de sus derechos.

El artículo 67.3 del reglamento contempla que el Parlament debe crear esa comisión si lo solicitan una tercera parte de los diputados —son 45 y entre todos los solicitantes suman 65— o tres grupos (Ciudadanos, PSC, y Comunes y el subgrupo del PP). Toda la oposición considera que los grupos independentistas se han refugiado en una excusa para no darle luz verde. Lorena Roldan, diputada de Ciudadanos, acusó a los independentistas de no tener ninguna intención de “que se investigue nada” al tiempo que culpó a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de amarrarse en el poder gracias al soporte de los secesionistas.

La socialista Alícia Romero recordó que la aprobación de una comisión es automática y avisó de que nadie puede vetar ese derecho que asiste a los grupos parlamentarios. “Esconder información no es propio de una institución como el Parlament y de los que hablan de república”, dijo. “¿Quién tiene miedo a la transparencia y a saber si en nuestro país ha habido espionaje a políticos, periodistas y activistas?”, se preguntó la diputada Marta Ribas, de Catalunya en Comú.

La oposición solicita la comisión después de que en septiembre pasado la Policía remitiera a la entonces juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, una documentación que fue requisada por los agentes el 26 de octubre pasado, dos días antes de que se proclamara la república fallida. Los mossos la estaban trasladando a una incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona). En la lista, según el informe de la Policía, aparecían medio centenar de políticos, periodistas y abogados contrarios al procés.

Los grupos independentistas no niegan la existencia de la comisión de espionaje pero alegan que el plan expuesto por la oposición es exhaustivo y ya presentaba una larga lista de comparecientes cuando, dicen, esa relación se tiene que votar en la comisión ya constituida en sí. Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP ya votaron en contra de una resolución en favor de esa comisión porque la oposición se negó a incluir entonces a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Sin actividad programada hasta octubre, la Diputación del Parlament debatirá hoy la aprobación de los decretos de la prórroga de los Presupuestos y la reconversión en pública de la empresa Aigües Ter-Llobregat.