40.000 funcionarios logran un convenio tras 14 años
Los representantes de los trabajadores destacan la normalización en las relaciones laborales que implica el pacto
La Comunidad de Madrid y los sindicatos han firmado este viernes el convenio colectivo para el personal laboral y los funcionarios 14 años después del último que se ha ido prorrogando hasta ahora. Los representantes de los trabajadores destacan la normalización en las relaciones laborales que implica el pacto. Pero también reclaman medidas que no se han adoptado como la jornada laboral de 35 horas. El acuerdo recoge iniciativas de conciliación de la vida personal y familiar, beneficios para las víctimas de violencia de género o mejoras salariales.
Los sindicatos (CCOO, CSIT Unión Profesional, UGT y CSIF) manifestaron su satisfacción por un acuerdo que, “aunque no es el mejor” incorpora muchas de sus reivindicaciones y, sobre todo, implica un nuevo marco normativo, que releva al último convenio que se firmó en 2004. El Gobierno regional sostiene que los acuerdos beneficiarán a 40.000 empleados públicos de la región, y permitirá la funcionarización de 3.500 profesionales que son personal laboral.
En total hay 155.000 funcionarios en la Comunidad —repartidos en personal docente, de instituciones sanitarias y de Justicia—, pero el resto tienen sus propios convenios sectoriales. Javier Díaz, secretario general del Sector de Administración Autonómica de CCOO, explica que las medidas adoptadas permitirán “estabilizar plantillas, reducir la temporalidad y consolidar puestos de trabajo”. El Ejecutivo regional calcula que la temporalidad se reducirá del 25% actual al 8% al final del proceso, con la convocatoria de 19.929 plazas. Una iniciativa que “solo se ha conseguido para los próximos tres años y, además, son plazas que ya se tenían que haber convocado según el último convenio, pero no se llevaron a cabo”, replica el sindicato CSIF en un comunicado.
El documento introduce mejoras en la conciliación de la vida laboral y personal. Entre ellas, se encuentra la ampliación del horario de verano a de junio y durante Semana Santa y Navidad. También se incorpora la flexibilidad de hasta dos horas en la entrada o salida al puesto de trabajo en caso de familias monoparentales, informa la Comunidad de Madrid. Y, por primera vez se regula la organización de experiencias piloto de teletrabajo, además de la adaptación progresiva de la jornada laboral para tratamientos oncológicos u otras enfermedades de gravedad con reducciones de horario de hasta cinco meses.
Rosa Robledano, secretaria general de Política Sindical de UGT, subraya las iniciativas en defensa de las víctimas de violencia de género. “Durante los seis primeros meses de excedencia por ese motivo recibirán el salario íntegro”, afirma. Desde su punto de vista, es muy importante la mejora que se acomete de la promoción interna, y el reconocimiento del derecho a la carrera profesional.
El Gobierno regional explica que se revisará el sistema de clasificación profesional, lo que permitirá alcanzar “un desarrollo más amplio de las capacidades y potencialidades de los empleados públicos”. “De este modo, se reduce en un 40% el número de categorías profesionales, pasando de las seis áreas existentes a tan solo cuatro”, añade en un comunicado. También se ha adquirido el compromiso de trabajar para facilitar el acceso al empleo público de personas con discapacidad intelectual. En el último trimestre de este año se llevará a cabo, por primera vez, una convocatoria de empleo dirigida a ese colectivo.
La jornada de 35 horas semanales sigue a la espera
El acuerdo deja cuestiones pendientes. Una de las más reclamadas por todos los sindicatos firmantes del pacto es el establecimiento de la jornada de 35 horas semanales. El Ejecutivo regional sostiene que el Gobierno Central ofrece sentarse a negociar sobre ello. Pero se deben cumplir tres preceptos: que en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera del déficit público, deuda pública y regla de gasto. La Comunidad de Madrid cumple las dos primeras, pero no la tercera.
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