El dilema de Llarena: entre lo malo y lo peor

Ha vuelto a ocurrir. La historia del conflicto catalán está plagada de oscilaciones: cuando una parte parece haber tomado la delantera, comete un error que permite a la otra rearmarse, en una partida infinita que siempre se salda en un nuevo equilibrio precario. Cuando parecía que el independentismo estaba derrotado, alicaído, sin energías para sostener siquiera las movilizaciones en favor de los presos, la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein ha vuelto a dar un vuelco a la situación. Puigdemont no podrá ser juzgado por rebelión o sedición, ni siquiera por desórdenes públicos. Solo por malversación. El dilema que ahora afronta el juez Pablo Llarena, y con él todo el Tribunal Supremo, es elegir entre lo malo y lo peor.

La resolución del tribunal alemán ha sido un mazazo para la justicia española. Cuestionar la forma en que Alemania ha gestionado la euroorden solo serviría para mostrar su impotencia. La macrocausa contra los dirigentes del independentismo catalán ha quedado muy dañada porque a la contestación interna se ha unido ahora la desautorización de un tribunal que no tiene nada que ver con el conflicto, y que ha concluido que no puede imputarse un delito de rebelión porque no existió violencia que se exige en ese tipo penal. Muchos juristas españoles habían sostenido lo mismo, entre ellos 121 catedráticos y profesores de Derecho Penal, ninguno de ellos catalán, que firmaron en noviembre de 2017 un manifiesto con ese mismo argumento.

El Supremo afronta ahora una situación delicada. Cualquier decisión que tome puede ir en contra de lo actuado. Si acepta la extradición solo podrá juzgar a Puigdemont por el delito de malversación, que deberá demostrar. Y en todo caso con las condiciones establecidas por el tribunal alemán, que según estiman algunos juristas que han leído la versión íntegra del auto, limitaría la pena a cinco años de cárcel. Pero incluso si se aplicara la tipificación española, es evidente que un delito de malversación no justifica la prisión provisional. Mientras el resto de acusados seguiría en prisión preventiva por rebelión y en el caso de los diputados, suspendidos en sus funciones, Puigdemont podría ser puesto en libertad a la espera de juicio, retomar su función de diputado en el Parlament y hasta volver a ser investido Presidente tras la dimisión pactada de Quim Torra. Peor, imposible.

Pero la alternativa no es mucho mejor. Desistir de la euroorden y rechazar la extradición permitiría mantener la acusación por rebelión contra los imputados sin afectar a la unidad de la causa, pero a costa de renunciar a juzgar al principal responsable de los hechos. Prevalecería en este caso el principio de oportunidad sobre el de legalidad, según el cual se entiende que todo tribunal debe hacer lo posible por juzgar a quien considera que ha delinquido. El inconveniente es que esta maniobra procesal debilitaría la posición del Supremo en la causa y podría reforzar a Puigdemont en una posible apelación al Tribunal Constitucional alemán. Su abogado ya ha anunciado que considera esta posibilidad, algo por lo demás coherente con la estrategia de internacionalización del conflicto y de caracterización del proceso como causa política contra el independentismo.

La decisión del tribunal de Schleswig-Holstein no puede ser recurrida por la fiscalía. Si se presenta recurso ante el Constitucional alemán debe ser por una cuestión de derechos fundamentales. En este caso se cuestionaría si Puigdemont puede tener un juicio con todas las garantías en España. Nadie pone en duda, tampoco el tribunal de Schleswig-Holstein, que en España impere el Estado de derecho. Nuestra legislación es además una de las más garantistas de Europa. Pero en todo sistema jurídico debe poder revisarse si en un caso concreto se han verificado esas garantías procesales. Y aquí, las cosas podrían complicarse. La defensa de Puigdemont podría presentar la polémica instrucción del juez Llarena y el empecinamiento del Supremo en mantener la imputación de rebelión, que la justicia alemana no ve, como una actuación destinada, no a impartir justicia, sino a apartar de la política a la cúpula del independentismo catalán. La imputación de ese delito es necesaria para mantener la prisión provisional y suspender a los principales dirigentes del soberanismo.

El Supremo se encuentra ahora atrapado en la maraña de sus propias decisiones. En cambio, el nuevo Gobierno tiene aún cierto margen de maniobra. La decisión del tribunal alemán facilita que la Fiscalía pueda cambiar la valoración de los hechos. No es fácil revertir las decisiones ya tomadas, pero peor aún es quedar enredado en los propios errores.