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Dos años de prisión para el exalcalde de Cenicientos por malversación

La pena añade la inhabilitación absoluta durante tres años y un día y una indemnización al Ayuntamiento de 275.000 euros

Jesús Manuel Ampuero, junto a Esperanza Aguirre en 2008.
Jesús Manuel Ampuero, junto a Esperanza Aguirre en 2008.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exalcalde de Cenicientos, José Manuel Ampuero (PP), a dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos. La pena añade la inhabilitación absoluta durante tres años y un día y una indemnización al Ayuntamiento de 275.000 euros. La sentencia, que se ha producido de conformidad entre las partes, considera probado que Ampuero recibió en su cuenta corriente importes procedentes del Consistorio de los que no existe justificación documental alguna.

José Manuel Ampuero Pérez (PP), alcalde de Cenicientos del 15 de junio de 1991 al 23 de julio de 2010, se ha mostrado conforme con los hechos probados en la sentencia, que son constitutivos de un delito continuado de malversación de fondos públicos, por lo que se ha dictado una sentencia de conformidad entre las partes. Ampuero dimitió por problemas de salud. Dos años después, en 2012, sus sucesores en Cenicientos (1.984 habitantes), también del PP, interpusieron una querella en la que le acusaban de apropiarse de tasas de la casa rural, de efectuarse a sí mismo pagos y de extender pagarés sin que el interventor municipal tuviera conocimiento. En las últimas elecciones ganó el PSOE.

La sentencia de la Audiencia Provincial considera como hechos probados que entre 2004 y 2010 Ampuero recibió en su cuenta corriente diversos importes procedentes de la cuenta del Ayuntamiento por 369.863 euros. De ellos, solo 70.008 correspondían a sus nóminas “sin que el resto de los conceptos se haya encontrado justificación documental alguna”, añade el escrito. El entonces alcalde recibió, además, una serie de ingresos de origen desconocido por 391.326 euros. Desde esa cuenta, Ampuero realizó transferencias a favor del Ayuntamiento por 194.842 euros. Por lo tanto, una vez descontadas las cantidades correspondientes a nóminas y a los pagos al Consistorio “el acusado obtuvo un enriquecimiento ilícito de 105.012 euros, cantidad directamente procedente de las arcas municipales, cuyo abono no se encuentra justificado”, concreta la sentencia.

Asimismo, el Ayuntamiento era propietario de una casa rural, que arrendaba a particulares para periodos vacacionales. El escrito describe que el pago del alquiler se realizaba mediante una señal de entre el 20% y el 30% del montante total a ingresar por el cliente en la cuenta del Consistorio. El resto se abonaba en mano a una persona autorizada, que luego entregaba las cantidades al acusado, que debería haberlas depositado en la caja o cuenta municipal. Según los hechos probados, la casa rural generó unos ingresos totales de 175.738 euros de los que tan solo consta el ingreso de 35.311 euros, de tal forma que faltarían 140.427 euros recibidos en mano.

La sentencia estima que el perjuicio económico que las actuaciones de Ampuero han provocado al Ayuntamiento es de 275.000 euros. El exalcalde ya ha consignado judicialmente 40.000 euros y ha entregado al Consistorio en pago de la restante responsabilidad civil tres bienes inmuebles que poseía en Cenicientos.

La alcaldesa del municipio, Natalia Núñez, considera una buena noticia que el exalcalde haya reconocido los hechos. Pero al mismo tiempo denuncia que “esto es la punta del iceberg, porque no está justificado que un Ayuntamiento como el de Cenicientos con 2.000 habitantes tenga una deuda da de 12 millones de euros con un presupuesto de 1,5”. Tampoco se llevaron a cabo en la época de Ampuero ninguna infraestructura ni inversiones que justifiquen semejante agujero, añade. Por ese motivo, anuncia que van a presentar una denuncia ante la Cámara de Cuentas para que investigue de forma urgente que ocurrió en el Ayuntamiento al menos desde el año 1999 ó 2000, porque ellos no tienen capacidad para emprender semejantes indagaciones. “Queremos saber donde está el resto del dinero de nuestros vecinos”, afirma Núñez.

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