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El PP acusa a Ahora Madrid de “tráfico de influencias” por contratar cooperativas sin concurso

José Luis Martínez-Almeida registra una denuncia ante la Oficina Anticorrupción que incluye posibles delitos de malversación y prevaricación

Martínez Almeida en una imagen de archivo reciente.
Martínez Almeida en una imagen de archivo reciente. EL PAÍS

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto caso de tráfico de influencias en las adjudicaciones de decenas de contratos y subvenciones a empresas de la economía social. El PP argumenta que las entidades beneficiadas tienen lazos con el equipo de gobierno, y habla abiertamente de "red clientelar". Los populares cifran en 20 millones de euros el gasto público para convenios, subvenciones, contratos abiertos y discrecionales "sospechosos".

"En los últimos tres años se han multiplicado notablemente las contrataciones, subvenciones y convenios de este Consistorio con entidades participadas por miembros de Podemos y sus denominadas confluencias", acusa el PP en su denuncia. El partido de Martínez-Almeida habla de la existencia de "evidentes indicios" de que el gobierno de Ahora Madrid utilizó las adjudicaciones públicas como "instrumento de contratación de afines". Y acusa al ejecutivo local de "vulnerar" el principio de libre concurrencia para favorecer a empresas "afines".

La denuncia consta de 12 anexos. En ellos se recogen los expedientes considerados sospechosos, como los contratos sin concurso público a una cooperativa en la que trabajó la edil Celia Mayer, y de la que fue presidenta una asesora del gobierno. O convenios, como el de 600.000 euros, que el ejecutivo de Manuela Carmena firmó con la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS. Las empresas señaladas son Tangente, Trama, Kinema. Estas firmas habrían recibido en total 20 millones de euros en los últimos tres años, a través de contratos y subvenciones.

Asimismo, los populares mencionan otro acuerdo dotado con hasta 30 millones para promover la capitalización de economía social, el sector que trabaja en proyectos sin fines de lucro y sin impactos negativos en el medioambiente, firmado con las entidades de la banca ética Triodos Bank, Coop57, Fiare y Caja Laboral Popular. Y el convenio con Fiare, el banco que gestionó los fondos electorales de Ahora Madrid, por una aportación de 100.000 euros.

El gobierno de Ahora Madrid, por su parte, defiende la legalidad de todos los expedientes. El concejal de Hacienda, Jorge García Castaño, sostuvo este lunes que "nunca ha habido más concurrencia" en la contratación municipal. Y añadió que ha mejorado la transparencia en el Consistorio. El viernes pasado, el edil calificó de "ridículas" las "insinuaciones" del PP y Ciudadanos durante la comisión sobre la contratación. Desde Izquierda Unida, una de las formaciones de Ahora Madrid, recalcaron que el PP ve sospechoso un convenio financiado por la UE y que tiene el respaldo de la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu. "El de Madrid fue uno de los mejores proyectos [presentados]", reza el escrito de la comisaria difundido por IU.

El PSOE, que en estos meses siempre ha descartado ilegalidades en la contratación de Ahora Madrid, sí advirtió sobre posibles "fraccionamientos", algo que las normas locales prohíben. Los contratos discrecionales menores de 21.000 euros están pensados para proyectos puntuales y de emergencia, pero no pueden utilizarse para fraccionar un proyecto mayor.

Con respecto a esas adjudicaciones, el PP cree que el equipo de Carmena actúa "bajo la idea de crear una red clientelar basada (...) en el amiguismo y la exclusión de los que no se alinean personal y políticamente con los denunciados". Y niega que su acusación pretenda reducir las ayudas al sector de la economía social: "No nos estamos metiendo con el concepto de economía social, sino con su economía social. Se lo están llevando crudo a costa de todos los madrileños", dijo Martínez-Almeida.

En definitiva, el PP acusa al gobierno local de favoritismo: "Siempre son las mismas las adjudicatarias. Siempre resultan ser los mismos", resumió Martínez-Almeida. En su acusación, el PP señala a 30 personas como participantes de la "red clientelar". Entre ellos se encuentran seis ediles —Carlos Sánchez Mato, Guillermo Zapata, Pablo Carmona, Celia Mayer, que trabajó en el grupo Tangente, Jorge García Castaño y Rommy Arce— y otros asesores, como Nuria Sánchez (asesora y socia de una empresa de Tangente), Rosa Domínguez (asesora y expresidenta de Tangente), Antonio Hernández (excoordinador de Ahora Madrid), Nieves Sanobral (asesora y excolaboradora de una empresa de Tangente) y Fernando Sabin (extesorero de Ganemos), según reza la denuncia del PP.

Asimismo, Martínez-Almeida involucra a dos figuras de la primera plana de Podemos: el diputado y fundador de Kinema, Rafa Mayoral, y el candidato a la Comunidad, Íñigo Errejón, instigador, según el PP, de crear un sistema de "puertas giratorias" a través de la financiación a empresas afines.

Martínez-Almeida remarcó este lunes que la decisión de denunciar los contratos ante la Fiscalía ha sido tomada tras detectar la imposibilidad de celebrar una comisión de investigación sobre el asunto. Ahora Madrid y el PSOE la rechazaron en el pleno.

La oposición pide escuchar al coordinador de Ahora Madrid

La oposición municipal, concretamente el PP y Ciudadanos, piden que comparezca en la próxima sesión de la comisión ordinaria de la contratación el ex coordinador del grupo municipal de Ahora Madrid, Antonio Hernández, despedido hace dos meses, supuestamente por los desencuentros con la alcaldesa, Manuela Carmena, y su núcleo más estrecho. Fuentes municipales revelan a EL PAÍS que Hernández fue uno de los "promotores" de muchos de los contratos ahora cuestionados por el PP. Por ello, piden que comparezca en la comisión, aunque ya no forme parte del equipo de gobierno. La edil de Ciudadanos, Silvia Saavedra, pidió este lunes al ejecutivo que consulte al servicio jurídico municipal si Hernández puede comparecer o no en dicha comisión.

En la próxima sesión de la comisión también hablará Guillermo Zapata, concejal-presidente de Fuencarral-El Pardo. Zapata fichó a dos asesoras que trabajaron en Tangente (una fue su presidenta), grupo cooperativo ahora en el foco de la denuncia del PP. Las fuentes consultadas afirman que, además de Hernández, Zapata fue el segundo principal responsable de los contratos.

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