El juez abre otra investigación por financiación ilegal del PP valenciano, esta vez usando colegios

El juez Víctor Gómez ha iniciado este viernes una nueva investigación por la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, en este caso a través de la construcción de colegios. El magistrado que instruye en Valencia el caso Taula ha abierto una pieza separada a raíz de las revelaciones realizadas por Ricardo Costa, ex secretario general regional del partido.

Costa asegura que el constructor alicantino Enrique Ortiz y la compañía valenciana Rover Alcisa pagaron comisiones de 350.000 y 150.000 euros al PP "total o parcialmente relacionadas con adjudicaciones" de la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat valenciana (Ciegsa). El dinero se había destinado a financiar la campaña de 2007. La información fue proporcionada por Costa a la Fiscalía Anticorrupción y había permanecido hasta ahora secreta.

En los hechos participaron, según Costa, el entonces vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla —a quien Costa describe como el recaudador del PP regional—, David Salvador, exdirector de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), Alfredo Rodríguez Verdugo, presidente de Rover Alcisa, y Pedro Muguruza, delegado en Valencia de Enrique Ortiz.

El magistrado señala en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS que el posible delito de cohecho no habría prescrito. Y rechaza declarar el secreto de sumario sobre la nueva investigación, como le había solicitado el fiscal, al considerar "ilusorio", dado el tiempo transcurrido y "la esencia y el modus operandi" del soborno, "pretender encontrar documentos, efectos o instrumentos que evidencien su autoría". "Otros datos documentales sobre los que se puedan establecer elementos de congruencia con el delito denunciado o revelar la existencia de otros delitos relativos a las condiciones de adjucación de obras, son en principio accesibles en este momento, sin riesgo apreciable de ocultación o destrucción".

El instructor encarga a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue los supuestos hechos, empezando por "la contratación, pagos y cobros declarados fiscalmente entre la empresa Ciegsa y el grupo Rover Alcisa o empresas de titularidad real de Enrique Ortiz".

Ciegsa, que se encuentra en proceso de liquidación, acumuló en la etapa del PP al frente de la Generalitat sobrecostes por importe de 1.000 millones. A pesar de ello, al principio de esta legislatura 18.000 alumnos valencianos estudiaban en aulas prefabricadas. Debido a su gran presupuesto, Ciegsa fue un punto de fricción entre dos presuntas tramas corruptas vinculadas al PP, según la investigación desarrollada por la UCO. Una de las redes estaba relacionada con la organización provincial del partido, que presidía Alfonso Rus, y otra, a la autonómica, al frente de la cual estaba Francisco Camps.

El constructor alicantino Enrique Ortiz fue, por su parte, condenado la semana pasada a un año y medio de cárcel por financiar irregularmente las campañas electorales del PP en los años 2007 y 2008, después que él lo mismo lo admitiera en el juicio del caso Gürtel celebrado en la Audiencia Nacional. El empresario ha sido también procesado en la gran causa de corrupción de Alicante, Brugal.

El juez Gómez ha citado a declarar como testigos a Ricardo Costa y a David Salvador la semana que viene. La Fiscalía Anticorrupción había solicitado que el magistrado declarase secreta esta parte de la causa, una petición que no ha sido atendida.