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OPINIÓN

Del farol a la política

A diferencia del discurso único del procesismo, la otra mitad de Cataluña es muy diversa y no se mueve bajo una única consigna

Una joven corre en una zona repleta de lazos amarillos, en el parque de la Ciutadella.
Una joven corre en una zona repleta de lazos amarillos, en el parque de la Ciutadella.

Muchas personas han vivido el cambio de Gobierno estatal como una oportunidad para redirigir el conflicto en Cataluña. Si bien creo que la recuperación de la cohesión social tardará mucho en producirse, político-institucionalmente la recuperación del autogobierno y del cambio de perspectiva política en Madrid, al menos de palabra, abren cierto margen a la esperanza. Seguramente Puigdemont y el resto de líderes independentistas en el extranjero intentarán durante algún tiempo seguir moviendo los hilos desde el “espacio libre”; sin embargo, el empuje que les ofrecía la vigencia del 155 de la Constitución Española (CE) y el Gobierno del Partido Popular era inmejorable. Ahora, con un nuevo Gobierno en Madrid liderado por Pedro Sánchez, que ya manifestó que no había habido política respecto de Cataluña en los últimos tiempos, y con una Esquerra y un PDeCAT que resurgen y se abren al diálogo, los que voluntariamente decidieron huir, se van quedando fuera de la foto.

Ahora bien, en la esfera social, como decía, la normalidad, recoser el tejido social, tardará en recuperarse. Los recelos entre catalanes, las desconfianzas, las descalificaciones entre analistas y opinadores, los exabruptos que se permiten algunas ex-políticas en Catalunya, son un ejemplo de que la vida en común tardará en volver a Cataluña. Desde Barcelona, los no independentistas, mal llamados unionistas, no solo por los orígenes del término, sino por lo variado de este grupo, podemos pensar que el fervor procesista ha disminuido. Sin embargo, en cuanto nos alejamos de algunos centros urbanos (sobre todo del área metropolitana de Barcelona) el ensalzamiento del procesismo y de los procesistas sigue presente y vivo. Este fenómeno, que se explica seguramente por construcción ideológica de largo recorrido de la que muchas no fuimos conscientes, supone que muchas localidades de Cataluña estén tomadas por el color amarillo, color que se ha convertido en reivindicación de la libertad de los presos, así llamados, políticos. El uso del color amarillo, de los lazos, se defiende como ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, es mucho más que eso; es, como ya he manifestado en alguna otra ocasión, una forma de diferenciación. Además, se trata del ejercicio abusivo de una libertad fundamental, dado que una parte de la sociedad ha logrado que la otra no se exprese, entre otras cosas, porque a diferencia de lo que ha ocurrido con el discurso único, inatacable e inatacado del procesismo, la otra mitad de la sociedad es muy diversa y plural y no se mueve bajo una única consigna, por mucho que traten de convencernos de ello. Así, puede estarse en contra de las prisiones provisionales de los políticos presos pero considerar que esto no impide que deban saldar sus responsabilidades judiciales por el desastre que desencadenaron, sobre todo, a partir del 6 y 7 de septiembre. Cabe no ser independentista, es más, defender que la relación de “España” con “Cataluña” debe cambiar (de hecho, que todo el modelo territorial constitucional debe ser modificado), y no ser nacionalista española, ni de uno ni de otro. En definitiva, rechazar el amarillo porque supone absolver, inmunizar, a los que nos han mentido sin ningún pudor. Los mal llamados unionistas comparten alguna, todas o ninguna de estas razones, porque están etiquetando a personas con orígenes y objetivos muy diferentes entre sí. Sería más acertado hablar de la pluralidad existente entre los no procesistas (incluidos también algún independentista). Es esta pluralidad lo que “permite” que el amarillo tome nuestras calles, nuestras playas y nuestros edificios públicos, y que sea vendido como el legítimo ejercicio de la libertad de expresión. Se trata, más bien, del aprovechamiento de un pensamiento uniforme sobre una realidad inexistente (así lo han dicho sus protagonistas), acompañado, cuando no jaleado, por instituciones y medios públicos.

En Cataluña estamos sufriendo la irresponsabilidad de unos señores y señoras que reconocen habernos mentido. Hace unos días una consellera del Gobierno de Puigdemont, la señora Ponsatí, reconocía públicamente, sin rubor, entre las risas y aplausos de sus seguidores, que el proceso, sobre todo en su fase más desaforada, era un farol; habían jugado una partida de póker e intentaron engañar al otro jugador, en este caso, entiendo, al Gobierno del Estado. El farol ha supuesto que parte de sus compañeros de filas estén en prisión provisional, que se aplicara por primera vez el artículo 155 de la CE y que la sociedad catalana se encuentre absolutamente fracturada. El farol nos ha salido carísimo, sobre todo a la ciudadanía catalana, también al legítimo proyecto independentista.

Argelia Queralt Jiménez es profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona.