La Audiencia condena a penas mínimas a 13 narcos por “demoras extraordinarias” en la instrucción
Todos confesaron ser vendedores de heroína y cocaína en la provincia de Pontevedra y solo uno de los acusados, un policía ya jubilado, negó los hechos
La Audiencia de Pontevedra ha condenado a penas mínimas a 13 acusados de integrar seis grupos de vendedores de cocaína y heroína que actuaban en el sur de la provincia por las “demoras innecesarias y extraordinarias” en la instrucción de la causa que tardó 12 años en llegar a juicio. Todos los procesados confesaron los hechos y no llegaron a sentarse en el banquillo al alcanzar un acuerdo de conformidad con la fiscalía y aceptar condenas de tres meses a año y medio de prisión.
En su escrito de acusación la fiscalía ya había reducido considerablemente las condenas solicitadas que en algunos casos llegaban a los cinco años y medio de prisión pero finalmente estas se rebajaron todavía más con la aceptación de la acusación y defensas por lo que ya no se celebró juicio. Uno a uno de los procesados admitió que integraban seis grupos que tenían asignadas las zonas de venta de estupefacientes en la ciudad de Pontevedra y las localidades de O Grove, O Porriño, Ribadumia y Meis.
Sin embargo sí tuvo que comparecer otro de los acusados, el policía nacional ya jubilado, L.R.P., que en 2007 cuando fue detenido por la Guardia Civil estaba adscrito a la Comisaría de Pontevedra. El agente negó los delitos que le imputa la fiscalía de traficó de droga en clubes de alterne y contra la Administración Pública por la revelación de datos reservados al haber alertado supuestamente a los encargados de estos locales de las redadas que iban a realizar allí sus compañeros de la Brigada de Extranjería.
El Ministerio Fiscal también ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas ya que las primeras detenciones por estos hechos datan de 2006. Así, ha admitido que el procedimiento ha permanecido paralizado durante largos períodos de tiempo por razones sólo imputables a la Administración de Justicia, por lo que solicita para el expolicía una pena de 2 años y 9 meses por el delito contra la salud pública, además de 21.500 euros de multa, así como la inhabilitación especial de año y medio aunque ya está jubilado.
Después de que el presidente de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra, Xosé Xoán Barreiro, diese por concluido el proceso contra los vendedores de droga, acordó aplazar el juicio del agente para octubre debido a la acumulación de causas en espera de juicio como consecuencia de la huelga.
La Fiscalía sostiene que este policía nacional que estaba destinado en la oficina de denuncias de la Comisaría de Pontevedra presuntamente suministraba droga (cocaína y hachís) no solo a los responsables de varios clubes de alterne, sino también a las mujeres extranjeras que trabajaban en estos establecimientos. A todos ellos les alertaba el policía ahora jubilado cuando los responsables del departamento de extranjería iban a realizar inspecciones para evitar la contratación de chicas extranjeras con estancia irregular en España.
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