Juicio al dueño de un club por tener ilegales a 10 chicas de alterne

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra juzga este martes al administrador y dueño del local de alterne Club Montparnasse, situado en una carretera del municipio de Meis, Pontevedra, por tener 10 chicas extranjeras trabajando sin estar de alta en la Seguridad Social, una de ellas en situación de residencia irregular en España.

La fiscal del caso ha pedido tres años de prisión para el acusado C.V.S., que tiene antecedentes por los mismos hechos, por un delito contra el derecho de los trabajadores y ha pedido el cierre del local por el tiempo que dure la condena. Además, el dueño tendrá que hacer frente a una indemnización a las empleadas, principales perjudicadas en la causa, y la empresa abonará los atrasos y multas correspondientes a la Tesorería de la Seguridad Social, como responsable civil.

Este es el segundo proceso que se abre contra el dueño del Club Montparnasse, después de que en febrero de 2008 agentes del grupo de extranjería de la Comisaría de Vilagarcía hicieran un registro nocturno y por sorpresa en el local. En presencia de varios inspectores del Ministerio de Trabajo, los agentes pidieron la documentación a las 16 mujeres extranjeras que se encontraban trabajando en el club.

La policía comprobó que ninguna de ellas tenía contrato laboral y que supuestamente eran explotadas por el dueño para prostituirse. Cuatro de ellas, de nacionalidad brasileña y paraguaya, también se encontraban sin permiso de estancia en España.

De nuevo, el 19 de febrero de 2014, alrededor de las 11 de la noche, el club volvió a recibir otra visita de la policía y de varios inspectores de trabajo. En esta ocasión se comprobó que de las doce personas que estaban trabajando en ese momento en el local, solo dos empleados –un camarero y la recepcionista- tenían sus contratos en regla.

La fiscal de Pontevedra Emma Doval destaca en su escrito de acusación que “las chicas que realizaban funciones de alterne con los clientes no estaban dadas de alta”, y deja constancia de que todas ellas conocían y habían aceptado “las normas de funcionamiento del club porque se las había explicado personal de la empresa por delegación del dueño”, según alegaron varios testigos que declararon a favor del acusado.

De las diez trabajadoras ilegales, la mayoría tenían nacionalidad colombiana y el resto procedían de Paraguay, Brasil, Rumanía y Venezuela. Todas habían venido a España con un contrato de trabajo, excepto una de ellas cuya situación irregular conocía el propietario del club, según recoge la acusación del MinisterioFiscal.

El importe de las indemnizaciones que les correspondan como perjudicadas por el impago de las cuotas a la Seguridad Social y las sanciones previstas en la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, serán determinados en la sentencia del juicio.

La acusación pública pide, además, que el dueño del club no pueda ejercer como administrador de ninguna empresa durante el tiempo de la condena que dictamine el tribunal y que se le imponga al acusado una multa de 1.320 y las costas procesales.