Los deberes del nuevo Govern

Los nuevos consejeros de la Generalitat llegarán mañana a sus despachos y se encontrarán sobre sus mesas muchas carpetas por cerrar. El Ejecutivo de Quim Torra se enfrenta al reto de reactivar el diseño de nuevas políticas y retomar el impulso legislativo después de la intervención del artículo 155 de la Constitución, en la que sólo se garantizó la gestión del día a día y la toma de decisiones de calado se redujo al máximo. El Govern también se enfrenta a una pérdida de ritmo, heredada del mandato de Carles Puigdemont. El expresident solo aprobó la mitad de las leyes que prometió y el final del mandato estuvo monopolizado por el debate independentista.

El control de las cuentas. Pere Aragonès se enfrenta al interrogante de hasta cuándo durará la intervención sobre las cuentas catalanas, que se aplicó para controlar que no se destinaran fondos al referéndum del 1 de octubre. Una vez reconducido el déficit público de la Administración catalana, Aragonès tendrá que lidiar con la deuda: 77.740 millones de euros, equivalente al 34,8% del Producto Interior Bruto. Esa cantidad triplica los ingresos anuales de la Generalitat, por lo que los analistas han advertido de que eso ha hecho aumentar su dependencia respecto al Fondo de Liquidez Autonómico. La consejería también deberá iniciar los trámites para elaborar los Presupuestos para el año que viene sin tener garantizada la mayoría parlamentaria.

La incógnita de Trapero. El consejero del Interior, Miquel Buch, deberá gestionar la situación del mayor Josep Lluís Trapero, investigado por sedición y organización criminal, y que actualmente está relegado a labores administrativas a la espera del juicio. Torra abrió la puerta a su restitución. Buch deberá decidir si mantiene a Ferrán López, el comisario del 155, si elige a otro comisario de una cúpula muy desgastada por el procés, o si intenta convencer a Trapero de que regrese. Buch se enfrenta a un cuerpo dividido, a unos sindicatos preocupados por la politización de los Mossos y a un día a día paralizado, con proyectos como la aprobación de las Taser.

Precariedad en sanidad. La precariedad laboral y la falta de recursos espera a la nueva consejera de Salud. La falta de dinero ya dejó en la cuneta las propuestas más ambiciosas del exconsejero Toni Comín, como la reforma de la atención primaria. El plan de choque de listas de espera ha logrado contener las colas, pero ya no hay más fondos. “A pesar del esfuerzo, con la prórroga, lo previsible es que aumenten las listas”, avisa Josep Maria Puig, del sindicato Metges de Catalunya. La precariedad y el relevo generacional —en 10 años se jubila un tercio de los médicos en activo— es lo que más preocupa al sector. “Hay que plantearse si vamos a necesitar más médicos, cuántos más… Corremos el riesgo de solo reemplazar a los médicos que se vayan jubilando sin más, lo que cronificará la precariedad”, alerta Jaume Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona. “Hay un problema de calidad de la retribución y eso implica perder competitividad”, dice Olga Pané, gerente del hospital del Mar. La obsolescencia de las herramientas de diagnóstica y la falta de inversión en investigación también son prioridades. Alba Vergés deberá lidiar con la suspensión de la ley de atención sanitaria universal por parte del Constitucional.

Sin Renta Garantizada. El principal reto del nuevo consejero de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani es desplegar la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que carece de reglamento. Esta medida partía de un compromiso parlamentario y de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Meses después de su puesta en marcha, los impulsores de la ILP y los partidos de la oposición han denunciado irregularidades y mala gestión en el procedimiento de adjudicación. El Homrani también deberá lidiar con la atención a los migrantes menores no acompañados. El sistema de protección de la Generalitat llegó al borde del colapso a finales de 2017, año en el que aumentó un 60% la llegada de estos migrantes. Las 600 plazas nuevas que creó la Generalitat, sumadas a las 700 existentes, son insuficientes, según el Síndic de Greuges y Save The Children.

La escuela, en el disparadero. El consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, toma el mando del sistema educativo en uno de sus momentos más convulsos. Tendrá que afrontar las denuncias de adoctrinamiento nacionalista, con los docentes en el punto de mira y diferencias irreconciliables en torno al modelo de escuela catalana. El consejero tendrá que abordar el papel del castellano en la escuela. “Hay que ampliar ese diálogo con todas las fuerzas politicas para conseguir sacar la escuela del enfrentamiento político”, avisan desde CC OO. Además, sindicatos, padres y entidades sociales piden medidas para combatir la segregación y revertir los recortes.

Impulsar las infraestructuras. Damià Calvet debuta como consejero pero la cartera no le es desconocida. Es uno de los más estrechos colaboradores de Josep Rull y se antoja que adoptará un papel continuista, con confrontación con Madrid. Calvet llega con una buena nueva: el desbloqueo de BCN World. Tras la luz verde de Economía, es Territorio quien debe velar por las licencias urbanísticas y ambientales. Uno de los desafíos de Calvet pasa por la movilidad. La N-340, aún pendiente de resolverse el desvío de tráfico pesado, la carretera C-58, un constante quebradero de cabeza, el enlace entre la A-2 y la AP-7 o la N-II son solo algunos ejemplos. En la red ferroviaria, Rodalies es una espiral de incidencias.

Acción exterior. El principal reto del departamento de Acción Exterior, que será capitaneado por Ernest Maragall, es buscar un nuevo encaje para las relaciones internacionales de la Generalitat dentro de la legalidad vigente. Si bien Cataluña tiene competencias en este aspecto, la red de oficinas de la Generalitat fue clausurada por el 155. La única que permanece abierta es la de Bruselas. También se cerró el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), dedicado a la proyección internacional de Cataluña.

La Justicia y el procés. La nueva consejera de Justicia, Ester Capella, afronta el reto de lidiar con la gestión de Brians 1, el nuevo centro de presos preventivos de referencia en Cataluña. Los sindicatos exigen la dimisión del director por su talante autoritario. Además de avanzar en la lenta pero progresiva digitalización de la justicia, en lo institucional Capella tendrá que sortear los recelos de jueces y fiscales motivados por el procés. El departamento suministra a esos profesionales los medios materiales con los que trabajan, y la reciente huelga de togas no invita al optimismo.

El laboratorio del 5G. El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, presentó el año pasado, cuando desempeñaba el cargo de Secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital, la candidatura de Barcelona para convertirse en un laboratorio europeo para desplegar la tecnología 5G. Ese objetivo es uno de los principales para el nuevo conseller. En el área de la Administración Pública, los sindicatos exigen que se devuelvan las dos pagas extraordinarias a los funcionarios, desarrollar el acuerdo para abrir convocatorias de oferta pública, y rebajar la media de edad.

Los deberes en Agricultura. Teresa Jordà se enfrenta a un territorio minado. Los productores piden soluciones a las profundas crisis de precios en sectores como la fruta o el aceite y avisan de que no consentirán perder renta en la próxima reforma de la política agraria europea de 2020. Los sindicatos exigen soluciones para el problema del alojamiento de los temporeros, sobretodo en l Lleida. También sigue pendiente aumentar la seguridad de los Agentes Rurales.

Con información de Camilo S. Baquero, Rebeca Carranco, Josep Catà, Jesús García, José Ángel Montañés, Lluís Pellicer, Jessica Mouzo y Marc Rovira.