El Comisionado acuerda dimitir si el memorial del cementerio de La Almudena incluye nombres
Miembros del Comisionado sospechan que el Ayuntamiento quiere disolver el organismo a la vista de su posición
El Comisionado de la Memoria Histórica, creado por Manuela Carmena para asesorar al Ayuntamiento, ha acordado dimitir si en los próximos días el Consistorio no corrige su proyecto de memorial a los fusilados entre 1939 y 1944 por el franquismo en el cementerio de La Almudena. El proyecto plantea grabar todos los nombres de esas víctimas, incluyendo los de 300 chequistas. El Comisionado se muestra firme y fuentes del mismo sospechan que el Ayuntamiento quiere disolverlo a la vista de su posición.
Los siete miembros del Comisionado, presididos por la abogada laboralista Francisca Sauquillo, no cederán ante la propuesta del Ayuntamiento. Hace dos semanas explicaron a la alcaldesa su rechazo a convertir un monumento a las víctimas del franquismo en un homenaje a personas que, en los años de la Guerra Civil, cometieron asesinatos bajo la bandera republicana. Entre esas víctimas figuran al menos 300 miembros de checas, lugares donde eran torturados los enemigos políticos. El Comisionado acordó en una reunión y por mayoría irse si el ejecutivo no daba marcha atrás.
El organismo presentó una propuesta alternativa, consistente en erigir dos monumentos anónimos: uno, dedicado a los fusilados por Franco, y otro dedicado a los fusilados por el bando republicano durante la Guerra Civil. Así se lo comentó el Comisionado a la alcaldesa hace dos semanas, pero el ejecutivo de Ahora Madrid no quiere acatar su decisión.
Fuentes de la coalición liderada por Podemos y formada también por IU, Equo y Ganemos reconocen que no todos los miembros del ejecutivo municipal están de acuerdo en rechazar el planteamiento del Comisionado. Aun así, admiten que ya están licitando el proyecto, y que su diseño plantea incluir los nombres de los fusilados en una estatua. Además, se niegan a incluir otro monumento a las víctimas del bando republicano para, dicen, evitar lecturas equidistantes de la historia.
Los plazos corren rápidos. El próximo día 31, el Comisionado celebrará una reunión que, según sus miembros, "podría ser la última". Tras ella hará público un documento recopilatorio de su labor en estos años, como la redacción del informe sobre los nombres de calles con referencias franquistas y el llamado "mapa de la memoria" (un listado de lugares emblemáticos de la capital para recordar la época de la Guerra Civil y la dictadura). También publicará el dictamen sobre el memorial en La Almudena, en el que rechazará formalmente que en él figure un listado de nombres.
Un día antes, el pleno municipal celebrará una sesión en la que el ejecutivo baraja proponer su proyecto para que los partidos lo voten. Esa votación podría parecer una desautorización del Comisionado, según reconocen los miembros del organismo. Por ello, fuentes del gobierno local dudaron este miércoles de que el pleno aborde finalmente el asunto el día 30. Eso significa que la votación podrían aplazarse a junio. Para que Ahora Madrid logre la mayoría debe contar con el apoyo del PSOE, que de momento no se ha pronunciado en contra del memorial tal y como lo plantea el ejecutivo. El PP y Ciudadanos votarían, en cambio, en contra.
El malestar es palpable en el Comisionado. Algunos de sus miembros sospechan que el ejecutivo está planteando disolver el organismo antes de que puedan dimitir. De esa manera, reflexionan, se quitaría hierro a la polémica, pero aseguran que no renunciarán a "denunciar" la "gravedad" que supone seguir adelante con el proyecto promovido por el concejal Mauricio Valiente (IU). Este edil comentó en el pleno que el gobierno "escuchará" al Comisionado, pero advirtió de que el monumento en La Almudena "no es un memorial a las víctimas de la Guerra Civil".
La alcaldesa nombró al Comisionado en 2016, tras destituir a la anterior responsable de la política de memoria, Celia Mayer. Creó un organismo formado por miembros de todas las sensibilidades políticas y encargado de velar sobre la ejecución de la Ley de Memoria Histórica de 2007. Ahora, un enfrentamiento con los expertos del Comisionado revelaría la intención del gobierno liderado por Carmena de preferir salvaguardar sus equilibrios internos a un año de las elecciones a costa de desdeñar un memorial inspirado en el consenso.
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