Las cruces amarillas crispan la convivencia en Cataluña

Los lazos amarillos han salpicado desde hace meses calles y plazas de municipios catalanes en solidaridad con los políticos presos, con algunos encontronazos entre partidarios y detractores. Pero no ha sido hasta la llegada de las cruces amarillas en la playa que se han producido enfrentamientos de más entidad. El fin de semana pasado, Canet de Mar, Llafranc y Calella de Palafrugell han sido escenario de rifirrafes, insultos y heridos leves. El delegado del Gobierno, Enric Millo, ha enviado una carta a todos los alcaldes catalanes pidiendo “neutralidad” en la gestión del espacio público.

“Si no se hacen cosas delictivas en el espacio público o que molestan a terceros, no nos metemos”, explica la alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell (ERC), que ultima la denuncia contra la “agresión de grupúsculos ultra” a tres vecinos, el domingo. El incidente empezó con la retirada de cruces amarillas de la playa. Un anciano recibió un golpe con una cruz en la mejilla, una mujer, en la cabeza, y un concejal de la CUP explica que recibió golpes. “Cuando llegamos a la playa ya nos estaban esperando”, alega José Casado, de Segadors del Maresme, el grupo que retiró las cruces. Denuncia agresiones y también prepara una denuncia. En las imágenes del incidente se aprecian rifirrafes, insultos y gritos de ambos lados.

También en Llafranc y en Calella de Palafrugell los vecinos acabaron a gritos por las cruces. “Para ejercer una acción en el espacio público, hay que pedir permiso”, explica un portavoz del Ayuntamiento de Palafrugell (ERC), del que dependen. “No sabíamos nada de las cruces, es algo puntual, si alguien nos pide permiso, se valorará”, añade.

La limpieza en las playas es tarea municipal. El Gobierno central solo interviene en elementos de ocupación permanente. “La instalación de cruces, desmontables y sin permanencia, se ha de tratar igual que cualquier otro elemento provisional que cualquier bañista puede instalar en una playa (toallas, sillas, sombrillas, etc.) y que no suponga ningún riesgo para los demás”, explica un portavoz del Ministerio de Agricultura, del que depende Costas.

“Son espacios de uso común y la ley de régimen local dice que todo el mundo tiene derecho a utilizarlo: pasear, manifestarse, lucir símbolos, etc.”, añade el abogado Simeo Miquel, especializado en Derecho administativo. Sostiene que los ayuntamientos pueden limitar ese derecho a través las ordenanzas y señala que “quitar” no es simétrico a “poner”: “Uno es la manifestación de una libertad y el otro, una expresión en contra”.

La alcaldesa de Castellbell i el Vilar ha sido la primera en regular la expresión en el espacio público: habrá que pedir permiso. “Es mi obligación velar por la convivencia”, cuenta Montserrat Badia (PSC), preocupada por el “enrarecimiento” del ambiente. Y lamenta profundamente las críticas que está recibiendo desde algunos sectores por la iniciativa. Miquel ve de dudosa aplicación el argumento de la convivencia: “Sería más adecuado regularlo para saber quién pone ciertas cosas en el espacio público para después obligarles a retirarlo o cargarles el gasto de hacerlo”.